Así lo indicó la ministra portavoz, Elma Saiz, en la rueda de prensa celebrada en La Moncloa tras la reunión del Ejecutivo que decidió corregir la legislación para evitar esa doble revictimización, tras producirse casos de afectados por esta lacra a los que se les ha reclamado el pago de impuestos tras haber sido indemnizados.

La Iglesia española pidió al Ejecutivo que esta exención fuese uno de los requisitos para rubricar el reciente acuerdo que, a través del Defensor del Pueblo, ha abierto una nueva vía de acceso para reparar casos que no tienen recorrido judicial (por haber muerto el agresor o estar prescritos) a través del Plan de Reparación Integral a las Víctimas de Abuso (PRIVA).

Esta herramienta, impulsada en 2024 por la Conferencia Episcopal Española y la Conferencia Española de Religiosos, ha recibido un total de 156 solicitudes de reparación desde que empezó a gestionarlas en febrero de 2025. Según indicaron a Servimedia desde la Comisión que lo gestiona, 15 de esas peticiones han tenido lugar “en el último mes, desde marzo”.

El presidente de la Asociación Infancia Robada (ANIR), Juan Cuatrecasas, indicó a Servimedia que lo aprobado en el Consejo de Ministros es “una medida oportuna”. “Nos sentimos contentos y vemos que el Gobierno está haciendo un trabajo impecable en cuanto al tratamiento que se está dando a estas víctimas”, subrayó.