El texto está en el aire precisamente por esta medida pactada entre el Gobierno de Pedro Sánchez y EH Bildu. Los ‘abertzales’ anunciaron el acuerdo el 22 de diciembre. Un día después, el Consejo de Ministros la introdujo en el decreto del escudo social, articulado por muchas medidas inconexas.

La estrella es la subida de las pensiones, pero también recoge el bono social eléctrico, incentivos fiscales a particulares y empresas para comprar vehículos eléctricos, ayudas a los afectados por los incendios del pasado verano o una cotización adicional para que los agentes medioambientales y los bomberos forestales puedan anticipar su jubilación. Además de la moratoria de la prohibición de los desahucios para familias vulnerables sin alternativa habitacional, que está en vigor desde abril de 2020.

Esta práctica es habitual en el Gobierno de Pedro Sánchez. Hace justo un año, mezcló la revalorización de las pensiones con la prórroga de la suspensión de desahucios y el traspaso al PNV de un palacete tasado en más de 15 millones de euros. PP y Junts lo tumbaron en la primera votación. Pero lo apoyaron en una segunda, cuando el presidente del Ejecutivo acordó con los independentistas a crear un sistema público de avales y garantías para propietarios –que, según estos, no han llegado–.

DEBATE EN EL PP

Aquel voto a favor del PP, que fue decidido por Alberto Núñez Feijóo en primera persona, conmocionó a parte del partido, aunque a los pocos días todos los cargos coincidieron en que habían acertado al ponerse del lado de los pensionistas, el grueso de su electorado. La oposición justificó su giro en que el traspaso del inmueble parisino al PNV, al haberse publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), ya no se podía revertir. Y le costó una suerte de divorcio con la Plataforma de Afectados por la Okupación (PAO), aunque finalmente se reconciliaron de cara a la aprobación definitiva del plan de vivienda de la oposición.

Fuentes de la dirección nacional aseguran que tienen “más o menos” decidido su voto, aunque no adelantan su postura. Feijóo afirmó en una entrevista en Servimedia que “es una falta de respeto a los ciudadanos” que el Gobierno intente “otra vez la trampa de decir que el PP no está a favor de la actualización de las pensiones”, y dejó en el aire su posición.

El jefe de la oposición ya se cubrió las espaldas el año pasado al presentar una proposición de ley para que “se garantice la actualización de las pensiones en 2026” aunque se prorroguen de nuevo los Presupuestos Generales del Estado (PGE). La Ley General de la Seguridad Social ya contempla en su artículo 58 que las pensiones contributivas “se revalorizarán al comienzo de cada año en el porcentaje equivalente” a la inflación anual, pero lo que pretendía el PP era evitar, precisamente, tener que someterse a un nuevo decreto ‘ómnibus’ como el que votará el martes. La iniciativa, sin embargo, permanece encallada en la Mesa del Congreso, controlada por PSOE y Sumar.

Existe cierto debate dentro del partido ante la ola de elecciones autonómicas. La primera parada será en Aragón el próximo 8 de febrero y el candidato del PP a la reelección como presidente, Jorge Azcón, ya abogó en una entrevista en ‘El Confidencial’ por votar a favor porque “la revalorización de las pensiones está por encima de cualquier otra cuestión”. Otro presidente autonómico consultado por Servimedia y sin comicios en el horizonte, en cambio, tiene “muchas dudas” porque su aprobación tensaría aún más el mercado del alquiler en su territorio, según argumenta.

JUNTS, PNV Y COALICIÓN CANARIA

La Plataforma de Afectados por la Okupación (PAO) ha mantenido varias reuniones con la coordinadora de Vivienda del PP, Paloma Martín, y espera que el partido sea coherente con su propio plan de vivienda y vote en contra del decreto. También ha celebrado bilaterales con el presidente de Junts, Carles Puigdemont, cuyo partido parece decidido a votar en contra.

“El día de la marmota”, se quejó la portavoz de los independentistas en el Congreso, Míriam Nogueras, el viernes en ‘laSexta’. “Este chantaje nosotros no lo entendemos. Esperamos que se hayan confundido y corrijan esto para que los pensionistas todos puedan tener su revalorización […] Si el Gobierno español plantea la votación de la revalorización de las pensiones sin mezclarlo con otros temas que no tienen nada que ver, nosotros vamos a votar que sí, como hemos hecho siempre”.

El ’no’ de Junts dejaría la aprobación del decreto en manos del PP. El asunto de la inquiokupación es muy sensible en Cataluña, que acumula una buena parte de los casos. Por eso, a los secesionistas no les vale “el caramelito” que el Ejecutivo les ha tendido con el seguro público de alquiler. La realidad es que a buena parte de los socios del Gobierno no les ha sentado bien esta forma de legislar, y así se lo han trasladado al Ejecutivo, al que piden votar la subida de las pensiones por separado.

Los afectados por la inquiokupación finalizaron el viernes su ronda de reuniones con grupos parlamentarios con el PNV. Los nacionalistas vascos no han anunciado aún su sentido del voto, pero ya reclamaron al Gobierno eximir de la suspensión de los desahucios a los pequeños propietarios. Coalición Canaria también ha trasladado a los afectados su “preocupación” por los efectos de la medida, pero tampoco ha aclarado qué votará el martes en el Pleno del Congreso.

“MALESTAR” CON EL PSOE

“El Gobierno utiliza de forma premeditada medidas de amplio consenso como la revalorización de las pensiones y el mantenimiento de las ayudas al transporte para forzar un único voto de aprobación o rechazo al paquete de medidas, que también oculta la protección a okupas e inquiokupas”, valora el portavoz de la PAO, Ricardo Bravo. “Si los partidos votan a favor, estarán validando el secuestro de la propiedad privada por séptimo año consecutivo; si votan en contra, obligarán al Gobierno a desglosar el paquete”.

Los afectados también han comunicado al PSOE “su malestar” por la “fractura evidente” que existe dentro del partido porque, si bien “diversos diputados, senadores y cargos electos del PSOE admiten en privado su preocupación por las consecuencias del decreto en las víctimas y en la destrucción del mercado del alquiler, el Ejecutivo mantiene un cierre total a cualquier modificación de la medida”.

Según Podemos, la medida frenará 60.000 desahucios, una cifra que los propietarios con inmuebles okupados elevan la cifra a 80.000. Hasta la fecha, ni el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ni el Ministerio del Interior han publicado ninguna estadística oficial.

Los pequeños tenedores denuncian que muchas personas están aprovechando la legislación para dejar de pagar sus facturas aun teniendo recursos, ya que la legislación establece por norma general el umbral de vulnerabilidad en los 1.800 euros mensuales.