El presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo (FVT), Juan Francisco Benito, fue el primero en tomar la palabra en este acto, en el que estuvieron presentes varias asociaciones de víctimas y, entre otros, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, o la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, además de altos mandos militares y policiales, y diputados. Como es ya habitual, Vox no participó por considerarlo un "fraude" al estar Bildu, PSOE y PNV. Tampoco asistieron los representantes del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) y la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) por la presencia de la formación abertzale.

Durante su discurso, Benito quiso agradecer el papel de las asociaciones, porque "sostienen con valentía la memoria, la dignidad y la voz de quienes padecieron el horror terrorista", insistiendo en la importancia de "no olvidar jamás". Porque, subrayó en este sentido, "merecen por encima de todo respeto y memoria".

"España tiene contraída una deuda moral permanente con las víctimas del terrorismo", dijo enfatizando que esa deuda "no prescribe" y, sobre todo, "no puede depender de coyunturas políticas". Así reiteraba que la memoria tampoco puede "ser selectiva, ni acomodaticia, ni sometida a intereses coyunturales"; únicamente "debe asentarse en la verdad" de que "hubo víctimas y verdugos".

Tras referirse a los más de 300 atentados aún sin resolver, quiso plantear varias denuncias, empezando por una realidad "dolorosa" para las víctimas, como es la "desigualdad" en términos de reconocimiento o indemnización, pues reciben una cuantía diferente en función de si hay o no sentencia judicial. "Es necesario avanzar con determinación hacia la equiparación", reclamó en la Cámara Baja.

Pero, sobre todo, hizo hincapié en situaciones "hirientes e incomprensibles" a las que continúan enfrentándose, como los homenajes a terroristas en muchos pueblos del País Vasco y Navarra (principalmente en verano durante las fiestas de los municipios) y los beneficios penitenciarios a los presos etarras, como se ha ido repitiendo en los últimos meses pese a que la Justicia ha revocado muchos de ellos. "Todo ello genera una legítima sensación de desamparo e injusticia entre quienes lo perdieron todo", destacó Benito, quien reiteró que las víctimas "merecen sensibilidad" y que "jamás se banalice el horror que padecieron".

"DESCONEXIÓN GENERACIONAL"

Tras el presidente de la FVT tomó la palabra Francina Armengol, quien comenzó señalando que el homenaje a las víctimas es "un deber" que forma parte de la "conciencia misma" de la democracia. Porque, remarcó, una de las responsabilidades "esenciales" de las instituciones es la de "acompañar a quienes padecieron la violencia" y contribuir a que su sufrimiento "nunca sea relegado al olvido". La memoria, insistió, cumple la "función esencial" de ser "una forma de justicia", pues las sociedades democráticas necesitan "recordar para comprender, comprender para reparar y reparar para avanzar".

El no olvidar fue el eje central de su discurso, en el que afirmó que la memoria es también "un patrimonio democrático", avisando de que las sociedades se enfrentan a "nuevas formas de polarización, de desinformación y de banalización de la violencia", lo que implica que "el pasado se difumina cada vez más rápido". Es por ello que alertó de que existe una "desconexión generacional" y que los más jóvenes no saben qué fue ETA. Así, considero clave explicarles aquellos "terribles acontecimientos" para que comprendan "el valor de la democracia", la "fragilidad de la libertad" y la necesidad de "defender día a día los derechos humanos frente a cualquier forma de fanatismo o violencia".

Y concluyó asegurando que, cada vez que el Congreso de los Diputados abre sus puertas para rendir homenaje a las víctimas, "está afirmando que la democracia recuerda, que las instituciones no miran hacia otro lado y que las víctimas ocupan el lugar central que les es propio en la memoria cívica de nuestro país".