Según informó el Gobierno en un comunicado, la medida está incluida como disposición adicional al decreto mediante el que se incorpora en el catálogo oficial de razas de ganado de España el listado de razas autóctonas amenazadas.

La disposición legislativa habilita a las comunidades autónomas a poder exceptuar de la aplicación de las correspondientes sanciones por inejecución de autorizaciones a los titulares de éstas que caduquen en 2023, al considerar la sequía como causa de fuerza mayor.

"Las condiciones climáticas han afectado a las operaciones de manejo del viñedo ordinarias en cada época del año y, de manera más concreta, a las acciones de plantación de nuevas viñas. La falta de lluvia en los meses clave para su realización y la caída de las reservas de agua para los regadíos han obligado en muchos casos a retrasar la ejecución de estas plantaciones hasta que ha resultado imposible realizarlas", recordó el Ejecutivo.

En esta línea, el Ministerio de Agricultura, que dirige Luis Planas, señaló que la posibilidad de la plantación "resulta ya agronómicamente inviable", debido a que sólo se puede garantizar que las nuevas viñas salgan adelante cuando se plantan en los meses de primavera o como mucho los primeros días de junio.

Esta medida se aplicará a las autorizaciones con superficie en las provincias afectadas por sequía que las comunidades autónomas hayan delimitado en virtud del Real Decreto-ley 4/2023, de 11 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia agraria y de aguas en respuesta a la sequía y al agravamiento de las condiciones del sector primario derivado del conflicto bélico en Ucrania y de las condiciones climatológicas.

Además, será completada en las próximas semanas con otras flexibilizaciones en materia de autorizaciones de viñedo que aprobará la Comisión Europea, como la posibilidad de prorrogar la validez de las autorizaciones.