Así consta en un auto del pasado 16 de septiembre, en el que la magistrada de la Audiencia Nacional fijaba la comparecencia de Vivas para las 10.00 horas de este miércoles. La instructora señaló que es necesario conocer "de forma directa, la información de que se disponía antes de los acontecimientos, las previsiones existentes, la evolución de la situación y las circunstancias concretas que determinaron el colapso operativo descrito en las actuaciones".

La resolución citaba también como testigos, para este jueves, a quien era jefe de la Policía Local en los días de la entrada masiva, Sebastián Vega, a las 10.00 horas, y a quien fuera jefe de Gabinete del delegado del Gobierno durante los hechos y los días previos, Gonzalo Sanz, a las 12.00 horas. Tardón califica estos tres testimonios de "prioritarios".

Vivas acude como testigo y no como investigado. Ha anunciado que aportará las llamadas con las que, según su versión, alertó al Gobierno central en los días previos de una situación "muy preocupante". En esas llamadas, afirma, reclamó la declaración de emergencia y un mando único. La jueza ha aplazado por ahora las declaraciones de los mandos operativos que pidió la Fiscalía, pues cree que su testimonio "puede resultar más útil y esclarecedor una vez se disponga de los informes".

ALERTAS, CORREOS Y ÓRDENES DE SERVICIO

En este sentido, Tardón ha requerido a ocho unidades de la Policía Nacional y la Guardia Civil, al delegado del Gobierno en Ceuta y al Ministerio del Interior que aporten "todas las alertas, informes, comunicados, órdenes de servicio, correos electrónicos y documentación operativa relacionada con el riesgo de entrada masiva emitida entre los días 20 de julio y 7 de agosto de 2026". Deberán indicar también los destinatarios, la hora de recepción y las medidas adoptadas.

La petición alcanza al jefe del Estado Mayor de la Defensa, al que pide las imágenes satelitales de la playa marroquí de Fnideq y de la ceutí de El Trampolín en esas fechas. También alcanza a la empresa tecnológica Hi Iberia, que deberá identificar a quién le encargó imágenes por satélite de la zona fronteriza a través de su herramienta SEDA.

La magistrada ha abierto además una pieza separada de investigación tecnológica, de carácter secreto, para identificar a los promotores de la convocatoria en redes sociales. Encarga a la UDEF y a la UCO un informe sobre la financiación de una movilización que "difícilmente puede producirse sin recursos materiales y financieros". Al CNI y a otras unidades policiales les pide determinar "qué personas, grupos u organizaciones pudieran disponer de capacidad real para planificar y coordinar una movilización de las dimensiones investigadas".

La instructora avala todas las diligencias pedidas por el Ministerio Fiscal por "la gravedad de los hechos investigados, la magnitud de la movilización producida" y por "la existencia de ochenta y tres fallecidos asociados a los hechos". Rechaza que tengan carácter "prospectivo ni exploratorio".

"GUIADO ACTIVO" DESDE MARRUECOS

Tardón asumió la causa el pasado 7 de septiembre, al aceptar la competencia de la Audiencia Nacional ante un "fenómeno complejo, organizado y de carácter claramente supraterritorial". De forma provisional, calificó los hechos como un delito contra la paz o la independencia del Estado, otro contra los derechos de los ciudadanos extranjeros en conexión con homicidios imprudentes y un posible delito de organización criminal.

Aquel auto se apoyaba en un informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (Cenif) de la Policía Nacional. Según ese informe, entraron en Ceuta entre 75.000 y 85.000 personas, frente a los 83.595 habitantes censados en la ciudad. El documento policial atribuye a los agentes marroquíes un "guiado activo" de quienes cruzaban la frontera, criterio que la jueza comparte.

La resolución recoge también que el Cenif emitió el 29 de julio, víspera de la entrada, una alerta para los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla que preveía un riesgo "extremo". Ese mismo día, Sanz recibió avisos del CNI sobre la convocatoria. Dimitió después de que la Delegación negara haber sido informada, aunque sostiene que sí los trasladó.

La Ciudad Autónoma está personada como acusación particular desde el 8 de septiembre, tras pedir su admisión "en calidad de perjudicada y víctima de los hechos investigados". La jueza de la plaza 6 de Ceuta, María de la Luz Lozano, se inhibió el 14 de septiembre a favor de Tardón en la causa contra el dimitido delegado del Gobierno Miguel Ángel Pérez Triano, al apreciar "conexidad objetiva y subjetiva".