Este mecanismo permitirá conocer qué porcentaje de los demandantes de este tipo de viviendas son personas con discapacidad y cuántas de las viviendas protegidas que se construyen cumplen con los estándares de accesibilidad, explicó del Palacio a los periodistas tras su comparecencia en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados.

"Se trata de recoger los datos de los demandantes de viviendas protegidas, de los beneficiarios de las ayudas concedidas y del número de edificaciones protegidas" existentes en cada momento, agregó.

Pretende, continuó la subsecretaria, fomentar la existencia de un parque de viviendas protegidas evitando, por ejemplo, que un adjudicatario de este tipo de vivienda, que cuesta de media un 20% menos que una de precio libre, pueda descalificarla en un plazo "muy breve" y pase así "al mercado libre con un coste muy bajo para este propietario", señaló del Palacio.

Por otro lado, la subsecretaria de Vivienda indicó que el real decreto que regulará las condiciones de accesibilidad a los edificios y espacios urbanos se aprobará antes de que finalice este año o al comienzo de 2007, ya que actualmente se encuentra en la segunda fase de consultas, concretamente en manos del sector de la discapacidad.

Este decreto velará por la existencia de edificios yespacios urbanos accesibles e incluye medidas para incrementar la seguridad en caso de incendios y en general.

Por último, la representante del Ministerio de Vivienda se refirió al Plan de vivienda ya vigente y animó a las personas con discapacidad a informarse sobre él para que puedan solicitar las ayudas previstas para ellas.

Entre estas ayudas, recordó la posibilidad de que este tipo de casas tengan un 20% más de superficie si están destinadas a personas con discapacidad. Del mismo modo, subrayó que el requisito de no haber recibido ayudas similares en la década anterior para acceder a una vivienda protegida se elimina en el caso de que esté destinada a una persona con discapacidad.