La vicesecretaria Nacional Jurídica de Vox, Marta Castro, que también ha presentado un escrito ante el Defensor del Pueblo, advierte al Supremo de que las declaraciones realizadas “no pueden ser amparadas por la libertad de expresión de un cargo público y de relevancia como es, ya que, además de diputada, es miembro del Gobierno como ministra de Igualdad y sus declaraciones constituyen una acción típica, antijurídica y culpable”.

En la misma línea, recuerda que es el propio legislador el que ha establecido y configurado el tipo penal de abuso sexual, “en el que se ha determinado taxativamente las causas en las que la conducta sexual deviene típica”. Entre éstas, argumenta, “establece que cualquier conducta lasciva con menores de 16 años es delictiva, dada la falta de madurez para el consentimiento, por entender, ex lege, que éste se encontraría viciado”.

Entiende Castro que las declaraciones de Montero “exceden en mucho las expresiones que de carácter político pudieran realizarse para expresar un posicionamiento político. Ni la ignorancia ni la intencionalidad podrán excluir en este caso que las palabras empleadas y el mensaje lanzado por la ministra, pues son constitutivas de delito”.