Así lo indicó Fernández en declaraciones ante los medios, donde anunció que su formación y el Gobierno de la Junta de esta región en funciones acordaron la aprobación de un decreto ley destinado a garantizar el funcionamiento ordinario de la Administración y evitar la paralización de servicios públicos en la región.

La norma, según indica Vox, modifica la Ley 4/2015, de 26 de febrero, para adaptar el marco legal a la realidad de un gobierno en funciones y permitir que la Junta de Extremadura pueda seguir desarrollando actuaciones administrativas necesarias sin que se produzca “una parálisis en la región”.

Según explicó Fernández, la regulación vigente era “excesivamente restrictiva”, más que la normativa estatal o de otras comunidades autónomas, por lo que estaba “dificultando” la gestión ordinaria de la Administración y “afectando a aspectos esenciales para la vida diaria de los extremeños”.

A través del decreto ley que hoy presentan los dos partidos, Vox espera que la Administración siga funcionando y que los servicios públicos no se vean afectados por la situación política, como muestra de que “cuando se busca el interés general de Extremadura es posible alcanzar entendimientos”.

Fernández manifestó que este acuerdo demuestra que cuando se trabaja con “seriedad, sin injerencias ni ruido político, es posible alcanzar acuerdos útiles para Extremadura”. En este sentido, señaló que entre ambas formaciones existe un “intercambio constante” de documentación y un trabajo “discreto y continuo”.

Al respecto, insistió en “mantener la discreción” en estas negociaciones, evitando en todo momento trasladar a los medios detalles de las mismas. Por ello, evitó entrar en el contenido y reiteró que Vox mantiene una posición de “responsabilidad y prudencia”. “Desde el primer momento pedimos discreción y la vamos a mantener”, dijo.