Así lo indica Vox en un comunicado, después de que Ortega Smith anunciara hoy que había interpuesto una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos contra Comité Ejecutivo Nacional del partido y el Comité de Garantías por haber vulnerado la confidencialidad de su expediente de expulsión del partido.

El concejal en el Ayuntamiento de Madrid actuó así después de que el viernes pasado se filtrara a los medios de comunicación que el Comité de Garantías, órgano independente de Vox, había resuelto expulsarle, según Ortega, antes de que concluyera el plazo para presentar el primer recurso.

Ante esta denuncia, Vox señala que “jamás se ha producido ninguna filtración de datos personales ni se han revelado datos personales a terceros”, sino que este partido “se ha limitado a emitir un comunicado en el que no hay contenido alguno del expediente abierto, tan sólo la decisión del Comité de Garantías”.

“FILTRACIÓN”

Al mismo tiempo, en el comunicado la formación de Santiago Abascal expone que las actuaciones internas del partido se realizan “conforme a la Ley de partidos, los estatutos y al sistema de cumplimiento normativo, que obliga a tramitar y documentar las comunicaciones recibidas”.

Sobre ello, explica que tanto los estatutos como el reglamento del procedimiento y las normas y sistemas de cumplimiento normativo y ético son “plenamente conocidas” por Ortega Smith “en tanto que secretario general y/o miembro del Comité Ejecutivo nacional que en cada caso las aprobó o sometió a su aprobación por la Asamblea”.

A su vez, Vox manifiesta que “sorprende sobre manera” que “se confunda tan burdamente” el “legítimo deber del partido de ser transparente y remitir una sucinta reseña de la finalización en instancia de un expediente disciplinario que el propio concejal aireó en los medios de comunicación”, con una “filtración” de datos de carácter personal que “en ningún caso se ha producido, máxime siendo el denunciante un profesional del sector jurídico”.

Por todo ello, esta formación asegura que las acusaciones formuladas por el diputado y concejal en el consistorio de Madrid “carecen de base jurídica”.