En su iniciativa, Vox argumenta que conductas como las sucedidas en octubre de 2017, refiriéndose al referéndum de autodeterminación celebrado en Cataluña, han sido “consentidas y toleradas por las autoridades del ámbito nacional”.

Así, permitiendo actuaciones como estas, critica que España “se ha convertido en un Estado territorialmente desvertebrado con disfunciones que van en detrimento tanto del interés público como de la calidad de vida de los ciudadanos”.

En este sentido, Vox asegura en la iniciativa que “ni esta generación ni la siguiente ni ninguna otra están facultadas para someter a debate, enmienda y votación la existencia misma de España”. Por esto, afirma que debe existir un ordenamiento jurídico capaz de proveer los medios necesarios para defender la continuidad y permanencia de la nación.

Asimismo, señala que el Gobierno de Pedro Sánchez, “lejos de elaborar una respuesta que impidiera el desmembramiento del país, ha cedido ante las exigencias de sus socios habituales regando con el dinero de todos a los movimientos que pretender subvertir el orden constitucional”.

Además, recuerda que “la penúltima de estas entregas fue el indulto a los líderes del golpe separatista de 2017” y la última la supresión del delito de sedición y el “vaciamiento de contenido” del delito de malversación de caudales públicos.

Ante esta situación, el partido de Santiago Abascal plantea la elaboración de una “necesaria” respuesta penal con un alto componente retributivo con el fin de desincentivar los intentos separatistas que buscan romper lo que siempre ha estado unido.