En esta iniciativa, este partido denuncia que el tratado “afectará gravemente a la España rural” y sostiene que los agricultores y ganaderos españoles “no pueden competir con los productos sudamericanos, que se producen bajo requisitos fitosanitarios, ambientales y laborales mucho más laxos”.

Recordó que en enero, el Parlamento Europeo aprobó remitir el acuerdo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que emita un dictamen jurídico. Esta resolución “ha paralizado de facto la efectividad del acuerdo hasta que el tribunal determine su compatibilidad con los tratados de la Unión, un proceso que podría retrasar su entrada en vigor hasta dos años”.

Sin embargo, el partido de Santiago Abascal critica “la disposición” de la Comisión Europea de activar una “aplicación provisional” del tratado, algo que, a ojos de esta formación y de las organizaciones agrarias supondría “una quiebra de la seguridad jurídica y una degradación del control democrático”.

Por ello, Vox insta al Gobierno a rechazar el acuerdo comercial en todo aquello que “perjudique los intereses de los productores españoles y del sector primario” y a oponerse “expresamente a la aplicación provisional del tratado por poner en riesgo la supervivencia del medio rural y sus formas de vida tradicionales”.

Al mismo tiempo, el partido reclama al Ejecutivo de Pedro Sánchez que convoque un referéndum consultivo, amparado en el artículo 92 de la Constitución Española, para que los ciudadanos decidan “sobre un acuerdo que afecta directamente a la soberanía alimentaria de la nación”.