La iniciativa recuerda que durante la última semana de julio llegaron a ciudad autónoma "en torno a 80.000 inmigrantes ilegales, cifra aún desconocida con exactitud ante la falta de transparencia del Gobierno". Una avalancha que, en una ciudad de apenas 84.000 habitantes, "duplica su población y constituye, por su propia magnitud, un ataque directo a la soberanía territorial y a la capacidad de acogida de España".

Entre los inmigrantes ilegales, subraya el texto, se encontraban menores "sin que se pueda fijar con certeza el número de ellos atendidos por las autoridades españolas; todos ellos sin haber retornado a Marruecos, en abierto desafío a la legalidad vigente".

Vox sostiene que el acuerdo hispano-marroquí de 2007 obliga a garantizar "el retorno asistido de los menores al seno de sus familias o a la institución de tutela del país de origen, así como su reinserción social". Por lo tanto, "la tutela indefinida de estos menores por parte de las autoridades españolas y su ingreso en Centros de Acogimiento Residencial de Menores no se ajusta a lo previsto en el acuerdo".

La formación denuncia que el Gobierno, "lejos de exigir el cumplimiento del citado acuerdo internacional, ha optado por repartir a los presuntos menores entre las distintas comunidades autónomas, varias de las cuales han manifestado ya su rotunda negativa a asumir tal función, todo ello sin que exista voluntad real de reagruparlos con sus familias".

Ante "el flagrante acto de guerra híbrida mediante la instrumentalización de inmigrantes ilegales por parte de Marruecos" y "el verdadero interés superior del menor, que consiste en regresar a su hogar", Vox insta al Gobierno a cumplir el Acuerdo con el Reino de Marruecos sobre la cooperación en el ámbito de la prevención de la emigración ilegal de menores no acompañados, su protección y su retorno concertado, y que se facilite el retorno de todos los menores extranjeros no acompañados a sus países de origen.

Piden también paralizar de forma inmediata cualquier reparto de menores extranjeros no acompañados por el territorio nacional, “no procediendo, bajo ningún concepto, al traslado de menor alguno actualmente presente en Ceuta mientras no hayan concluido las pruebas de determinación de la edad y los correspondientes expedientes individualizados de devolución, resueltos mediante resolución firme”.