Según Vox, la ley de cambio climático impone restricciones que obligan a los ciudadanos a sustituir sus vehículos por modelos eléctricos o con etiquetas ‘0’ o ‘ECO’, cuyo coste es de media entre 7.000 y 9.000 euros superior a los de gasolina. Según la formación, esto constituye una política que “discrimina a los ciudadanos por su nivel de renta”.

Asimismo, destaca el “impacto negativo” en el comercio local, citando datos del Observatorio del Centro Comercial Abierto que reflejan “una reducción media de ventas del 25,46% en ciudades como Granada, afectando al 82,2% de los negocios del centro”. A su vez, Vox menciona las protestas que ha habido en ciudades como Málaga, Soria, Albacete y Segovia.

Ante esta situación, Vox insta al Gobierno a defender, en los foros internacionales en los que participe España, una posición que garantice “el derecho a la movilidad y evite que la Agenda 2030 y los ODS se utilicen para promover prácticas que restrinjan los derechos fundamentales de los ciudadanos españoles”.

También le pide revocar de manera inmediata la implantación obligatoria de las Zonas de Bajas Emisiones en los municipios españoles, así como promover la derogación de la Ley 772021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, por su “impacto negativo en las formas de vida tradicionales de los vecinos de los municipios afectados”.