Así lo indicó Millán en rueda de prensa desde la Cámara Baja, donde aseguró que los recursos de España “deben ir prioritariamente a dar respuesta a las necesidades de los españoles”, pero “el plan del Gobierno es abrir las fronteras y regalar la nacionalidad o la residencia, con el fin último de alterar nuestra sociedad y el censo”.

Según Millán, la inmigración en España “detrae más recursos que aporta” y apostó por que aquellos españoles “que están aquí, que viven aquí y que contribuyen con su trabajo a levantar esta nación tienen que ver sus derechos garantizados y deben ser los primeros para el Gobierno en la vivienda, en las prestaciones, en el trabajo y en la asistencia”.

Para ello, informó de que Vox registró hoy una iniciativa en todos los parlamentos donde tiene representación para exigir que el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas esté “inspirado en el principio de prioridad nacional” y “procure la asignación prioritaria a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio”.

Este sistema, según Millán “adecuado a la legalidad vigente y legítimo”, incluye el establecimiento de “un periodo mínimo reforzado de arraigo, empadronamiento y vinculación con el territorio”, así como “la exclusión del acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales a quienes se encuentren en situación irregular”.

INICIATIVA

El acceso de este último punto, matizó, se podrá hacer “exclusivamente” en supuestos de “emergencia vital”. Además, Vox propone “la derogación o modificación de toda la normativa que dificulte la consecución efectiva de la prioridad nacional, incluyendo una modificación en última instancia de la Ley de Extranjería”.

Millán explicó que lo que Vox pretende con estas iniciativas es “reforzar” ese “principio de prioridad nacional” que “no se circunscribe únicamente al arraigo ni al hecho de contar con 10 años de residencia, sino que va a haber una serie de criterios de baremación que van a puntuar más, además de la acreditación de ese arraigo, de esa residencia de 10 años”.

En este sistema, comentó, contará “que los padres de una española hayan estado viviendo aquí, que haya estado cotizando aquí, que haya estado trabajando aquí, que quizás haya obtenido un título formativo aquí en España”. Es decir, el arraigo “no es el único requisito, hay muchos más para asegurar que esas prestaciones van a ir dirigidas principalmente a los españoles”.

Al mismo tiempo, la portavoz de Vox en el Congreso matizó que “no es lo mismo un acuerdo de Gobierno”, como el alcanzado con el PP en Extremadura y Aragón, que una iniciativa parlamentaria de un grupo que quiere “sacar adelante su programa político” y “nosotros no somos distintos en ese sentido”.