La moción de este partido, que firma la senadora Paloma Gómez, va dirigida a la Comisión de Justicia, donde los de Santiago Abascal quieren que Bolaños explique cómo Álvarez Rodríguez fue designada directora de Programas de Presidencia del Gobierno, aunque su función en la práctica fue de asesorar a la esposa de Sánchez.

En concreto, Vox quiere que el ministro aclare “quién aprobó el nombramiento” de esta asesora para formar parte de la plantilla de La Moncloa.

A este respecto, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, envió este martes una exposición razonada al Tribunal Supremo, al que pide que investigue a Bolaños por su posible intervención en la contratación de la asesora de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno.

TERRENO “INCIERTO”

El juez pide al Alto Tribunal que intervenga para dilucidar si Bolaños pudo incurrir en un delito de malversación de caudales públicos en la contratación de Cristina Álvarez como asistente de la esposa de Pedro Sánchez, ya que realizó gestiones relacionadas con su actividad privada como codirectora de una cátedra en la Universidad Complutense.

Peinado tomó declaración a Bolaños en su despacho de La Moncloa el pasado 16 de abril. Según la exposición razonada elevada al Supremo, tras ser preguntado de manera “reiterada” por la contratación de Álvarez, el ministro dijo no conocer a esa persona y ni siquiera recordar ese nombre.

En el momento del nombramiento, Bolaños era secretario de la Presidencia y, por tanto, responsable último de las contrataciones. Relata el juez que la declaración se paró durante media hora para localizar la documentación relativa a esa contratación y que el ministro señaló a Raúl Díaz Silva como responsable. En una posterior declaración de Díaz, éste desmintió haber tomado la decisión, por lo que la responsabilidad del contrato quedó en un terreno “incierto”.

Entiende Peinado que la asistente, que cobra su sueldo con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, no se limitó a las tareas “protocolarias” y “sin ánimo de lucro” de la esposa del presidente como tal, sino que se extendieron su actividad profesional, lo que podría constituir un delito de malversación.