Vox explicó este lunes que esa concesión viola el artículo 72, apartado 6, de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, introducido por el artículo tercero de la Ley Orgánica 7/2003, de 30 de junio, que establece requisitos cualificados y reforzados para la clasificación o progresión al tercer grado de los condenados por delitos de terrorismo, requisitos que no se cumplen en este caso.

En concreto, considera que no se ha cumplido la satisfacción de la responsabilidad civil derivada de los delitos por los que ha sido condenado, y tampoco ha dado signos inequívocos de haber abandonado los fines y los medios terroristas.

Además, tampoco ha cumplido la obligación de colaboración activa con las autoridades para impedir la producción de otros delitos, atenuar los efectos de los propios, o contribuir a la identificación, captura y procesamiento de responsables de delitos terroristas.

Tampoco ha habido declaración expresa de repudio de las actividades delictivas y de abandono de la violencia, ni petición expresa de perdón a las víctimas, ni hay informes técnicos que acrediten la real desvinculación de la organización terrorista y de su entorno.

Vox entiende que las decisiones de este tipo suponen una vulneración de los derechos de las víctimas del terrorismo, además de una clara humillación a las mismas, por lo que pide que se recurra la decisión y se deje "de inmediato sin efecto".