Según informó Vox, el recurso fue presentado por la vicesecretaria Nacional Jurídica del partido, Marta Castro; el secretario general de la formación, Javier Ortega Smith; y el secretario general del grupo parlamentario en el Congreso, José María Figaredo.

Vox pide anular varios artículos de la Ley de Educación de Baleares, ya que considera que suponen un riesgo para la igualdad de oportunidades, inclusión educativa y vulneración de derechos fundamentales en el marco de la enseñanza pública de esta comunidad autónoma.

Tras presentar el recurso, Castro manifestó que la Ley balear “aprovecha la imprecisión de los contornos del término 'inclusión' para implantar un inconstitucional adoctrinamiento ideológico y para privar al castellano de su condición de lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza”.

PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES

Por su parte, Ortega Smith llamó a los magistrados del Constitucional a “que resistan ante las maniobras de este Gobierno, una vez más, de torcer la ley” en materia educativa y les animó a “que sean valientes como lo fueron cuando declararon inconstitucionales los estados de alarma”.

Sobre las trabas a la educación especial que Vox observa en la norma balear, este partido afirma que el acceso a esta enseñanza diferenciada está amparado por la Constitución y que es una “clara vulneración” de la misma que se pretenda que “el alumnado con necesidades educativas especiales pase a integrarse en centros educativos ordinarios”.

Además, se denuncia que la educación afectivo-sexual que incluye la normativa balear vulnera el principio de “neutralidad” en materia educativa e implica “la toma de una postura ideológica”.

En definitiva, Vox entiende que la Ley que recurre “no respeta los derechos fundamentales de los alumnos”, ya que la Carta Magna deja claro que “nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión y creencias”.