En rueda de prensa en el Congreso, la secretaria general del grupo de Vox, Macarena Olona, explicó que la convalidación de este decreto el pasado 4 de febrero se hizo mediante una “flagrante vulneración” del derecho del diputado Casero a corregir su voto.

Según Olona, no se aceptable “que se hurte la voluntad popular”, en referencia al debate sobre si la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, debía haber reunido a la Mesa de la institución para que analizase si se dejaba al parlamentario del PP corregir su voto.

La portavoz de Vox explicó que en el recurso ante el Constitucional piden la suspensión cautelar de la votación de la reforma laboral, ya que entienden que “con la ley en la mano” ven posible que los magistrados accedan a esta solicitud.

ACCIÓN “ESTUDIADA”

Indicó que es consciente de que el tribunal que interpreta la Carta Magna sólo admite a trámite el 1% de los recursos y es difícil que adopte una suspensión cautelar como la que se pide, pero defendió que hay que “agotar todas las posibilidades que están a nuestro alcance” para que “se respete la voluntad popular”.

Añadió que toda acción judicial que emprende Vox es “estudiada” y “rigurosa”, como lo demuestran los “resultados extraordinarios” que están dando otras actuaciones que han emprendido, como los recursos contra el estado de alarma por la pandemia de la covid-19.

A este respecto, informó de que este miércoles el Tribunal Supremo les notificó cinco sentencias que estimaban recursos que habían presentado por la negativa del Gobierno a facilitar determinada información al Congreso, como detalle de subvenciones que aprobó el exvicepresidente Pablo Iglesias.