La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, hizo esta petición en el escritorio del Congreso después de que el Gobierno publicase los 40 documentos desclasificados sobre la entrada masiva del 30 y 31 de julio.

Millán sostuvo que los informes desclasificados "no revelan ninguna sorpresa” y “vienen a acreditar que el CNI cumplió con su obligación y advirtió al Gobierno” de la avalancha.

En su opinión, la documentación revela una “mentira criminal” por la que “tiene que responder” frente a “la voz de la soberanía nacional”. Por ello, pidió al PP y “a todos los diputados de esta Cámara que permitan la activación del artículo 102.2 de la Constitución”.

El objetivo es “que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo juzgue a los miembros de este Gobierno por traición y asuman su responsabilidad penal por saber lo que iba a ocurrir, por no hacer absolutamente nada para evitarlo y por colaborar con el invasor, que es Marruecos”.

El procedimiento para acusar de traición o de un delito contra la seguridad del Estado al presidente o a un ministro debe ser activado formalmente por al menos la cuarta parte de los miembros de la Cámara, es decir, 88 diputados. Posteriormente, la propuesta se somete a debate y votación en el Pleno del Congreso, requiriendo la aprobación por mayoría absoluta, es decir, 176 votos a favor.