La Vicesecretaría Nacional Jurídica, que dirige Marta Castro, advierte en su escrito al Tribunal Supremo que dicha reunión “trata de disfrazar una visita de cortesía parlamentaria de Yolanda Díaz -argumentando que se realiza a título personal- “con el objeto de desligarse de las consecuencias políticas y penales que pudieran derivarse”.

Sin embargo, para la formación de Santiago Abascal, la reunión de los miembros del Ejecutivo en funciones con Puigdemont y el exconsejero de la Generalitat Toni Comín, además de “eliminar cualquier matiz de ámbito privado-personal”, la “realidad” es que “se han reunido con un prófugo de la justicia”.

Y es que Vox asegura que tanto Díaz como Asens son conocedores de la situación jurídica en la que actualmente se encuentra Puigdemont, y “pesa sobre ellos [Díaz y Asens] la obligación de promover la persecución de los delitos y de sus responsables y no facilitar la comisión de otros nuevos”.

Por último, Vox también solicita al Alto Tribunal el análisis en cuanto al “conocimiento directo de los planes de Carles Puigdemont que la vicepresidenta podría haber tenido de forma directa con el investigado”, para evitar así “futuros planes o actos delictivos por parte del encausado”.