Esta iniciativa se debatirá en la Cámara Baja justo una semana después de que se hiciese lo mismo con una moción también impulsada por Vox para aplicar la “prioridad nacional” en el acceso a la vivienda social. El PP, que ha aceptado este concepto en Extremadura, Aragón y Castilla y León, votó en contra y solo la apoyaron los de Abascal.

Según detalla Vox en esta proposición no de ley, la “inmigración masiva” que sufre España está produciendo “un deterioro sin precedentes en la sostenibilidad de los servicios públicos”. “Nuestro modelo de Estado del bienestar está siendo tensionado y se encuentra al borde de la quiebra”, advierte el partido.

A su vez, Vox pone el foco en la regularización masiva de inmigrantes ilegales y la atención sanitaria universal como dos medidas que “socavan la calidad” de los servicios públicos que reciben los españoles y que tienen un “innegable propósito electoral a medio plazo”. Por ello, reclama “la aplicación del principio de prioridad nacional”.

El objetivo, explica Vox, es “destinar prioritariamente los recursos limitados a las necesidades de los españoles”. “Cualquier extranjero que pretenda entrar en España sabrá que no gozará de una situación más favorable que los españoles a través del acceso casi automático a una serie de ayudas y prestaciones sociales que, en la práctica, son inaccesibles para los nacionales”, subraya.

MEDIDAS

En concreto, los de Abascal instan al Gobierno a promover que el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas esté “inspirado en el principio de prioridad nacional, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio” a través de una serie de conceptos.

Estos conceptos son: el establecimiento de un periodo mínimo reforzado de arraigo, empadronamiento y vinculación con el territorio, la vinculación del acceso a ayudas a la trayectoria de cotización, permanencia y contribución al sistema, y la exclusión del acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales a quienes se encuentren en situación ilegal.

A su vez, Vox propone establecer un sistema de acceso a vivienda protegida y alquiler social “inspirado en el principio de prioridad nacional”. Este sistema incluye, entre varios aspectos, la exigencia de arraigo real y prolongado, basado en empadronamiento histórico en España (mínimo de 10 años para compra y 5 años para alquiler).

El sistema que defiende Vox también contiene “el refuerzo de los criterios de vinculación económica, social, familiar, laboral y formativa como elementos que evidencian la relación efectiva y afectiva del solicitante con el territorio”, así como “la valoración positiva, a su vez, a efectos de criterios de baremación, de todos aquellos perfiles más expuestos a la actual crisis de vivienda”.

Además, Vox propone la exclusión de este sistema de aquellos que hayan sido condenados como autores de delitos de allanamiento o usurpación de viviendas en los últimos 5 años, así como la eliminación de criterios que favorezcan el desarraigo social o distorsionen la asignación de recursos públicos.