Ante esta situación, que "pone en peligro" un sector un sector conformado por autónomos, pymes y grandes empresas y que emplea a casi 5.000 personas que perderían sus puestos de trabajo, las patronales Movva, Unauto y Feneval anunciaron medidas de protesta que concretarán "en los próximos días".

Las patronales coinciden en recordar que el Gobierno de la Generalitat Valenciana "tiene la responsabilidad y la obligación de gobernar para todos, sin sectarismos y sin dar la espalda a las necesidades de los ciudadanos".

Recuerdan que llevan meses solicitando una reunión con el consejero "sin haber recibido respuesta hasta la fecha" y consideran "imprescindible que cualquier reforma normativa tenga en cuenta principios tan básicos como escuchar al sector afectado y el respeto al marco jurídico vigente".

Desde el sector VTC se subraya que la protección económica del taxi no constituye, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, una razón válida para restringir la actividad de otros operadores, y recuerdan que el propio TJUE ha dejado claro que el taxi no tiene la consideración de servicio de interés económico general que justifique medidas excluyentes o discriminatorias.

Asimismo, las patronales recalcan que no existe competencia desleal por parte de las VTC en la Comunidad Valenciana, tal y como han confirmado recientemente los tribunales, que han avalado la legalidad de los servicios urbanos prestados por las VTC al amparo de la normativa autonómica vigente.

Las patronales recordaron al presidente de la Generalitat y al consejero de Transportes que "están obligados a gobernar a favor del interés general y que las presiones de terceros en forma de movilizaciones en la calle no pueden dictar la política de movilidad del Govern".

"La lucha contra posibles irregularidades debe hacerse mediante inspección y control, no a través de restricciones que pueden poner en peligro casi 5.000 empleos y afectar muy negativamente a la movilidad en la Comunidad Valenciana", dijeron al entender que una regulación contraria al Derecho europeo y a la jurisprudencia consolidada derivaría en acciones legales por parte de los afectados.