WWF señaló que, con la “excusa” de adaptar la normativa andaluza a la estatal, el Decreto-Ley 3/2004 reduce la protección ambiental de las zonas forestales de Doñana y, en “un claro ejemplo de arbitrariedad”, aplica su retroactividad “sin justificación técnica ni participación pública alguna”

“Con la modificación de esta norma, los suelos agrícolas situados en el entorno de Doñana, que a día de hoy están considerados como forestales y han sido transformados ilegalmente de forestal de turno corto a agrícola, serán amnistiados y el suelo será considerado como agrícola en lugar de ser restaurado, pudiendo seguir desarrollando su actividad hasta hoy considerada ilegal”, según WWF.

Esta organización apuntó que el artículo 242 de ese decreto-ley subraya que los terrenos que actualmente tengan abierto un expediente sancionador podrían reclamar su archivo y esquivar la sanción, puesto que tendrían consideración de agrícola.

De este modo, la Junta de Andalucía modifica “sustancialmente” su ley forestal con un decreto-ley cuya necesidad y urgencia es “totalmente cuestionable” y evita la participación pública y los informes técnicos pertinentes, por lo que se desconoce completamente en este momento el número de hectáreas forestales que se verán afectadas, su actual estado y su importancia para Doñana.

“AMNISTÍA ENCUBIERTA”

Para WWF, esta norma causará “una disminución del terreno forestal protegido de Doñana” y supone “una amnistía en toda regla para las transformaciones ocurridas en determinados suelos forestales que fueron convertidos ilegalmente en suelos agrícolas”, así como la materialización vía decreto-ley de la proposición de ley sobre regadíos “promovida” por el PP de Andalucía que pretendía amnistiar a los agricultores ilegales de Doñana.

Además, WWF subrayó que esta “nueva maniobra para amnistiar a gran parte de los agricultores ilegales de Doñana” supone “un ataque directo” al pacto por Doñana firmado el pasado noviembre por Teresa Ribera, vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía.

“Con esta amnistía encubierta se daña la credibilidad del Pacto de Doñana que había sido presentado a la Comisión Europea”, recalcó Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF, quien añadió: “Si la Junta de Andalucía mantiene la retroactividad de esta norma, los ilegales habrán ganado el pulso al Estado de derecho en Doñana y no tendrá sentido el Pacto de Doñana”.