Esos espacios son el Alto Guadiana, Almonte-Marismas, Los Arenales, Baza, Campo de Cartagena y la zona Sureste (Albacete, Alicante y Almería), según una investigación de WWF que se prolongó durante más de un año y medio, y cuyos resultados se dieron a conocer este jueves. Esta ONG demandó “medidas contundentes” a las administraciones públicas para poner fin al “robo” y pidió “una gestión sostenible y justa del agua”.

La investigación se difundió tras el verano más caluroso jamás registrado en España y con una alta cifra de incendios forestales. WWF amplió el estudio inicial publicado en 2021 hasta seis zonas de la península y ofreció un análisis más profundo en clave territorial.

“ALARMAS”

El análisis de WWF se ha realizado gracias al uso combinado de técnicas de información geográfica (SIG y teledetección), imágenes del satélite Sentinel 2 y ortofotografía, e incluye los últimos datos completos de fuentes oficiales de la cartografía de las parcelas con derechos de riego a los que ha tenido acceso la organización (de 2023 y 2024). En algunas zonas, también se realizaron visitas en campo en 2025 para contrastar y validar la información.

“Estos casos no son ejemplos únicos y aislados, sino una muestra de un problema mucho más generalizado de uno de los delitos ambientales más extendidos e impunes en España. La riqueza de esta investigación está en que, además de revelar datos, nos muestra una clara fotografía de lo que sucede en el territorio y nos ayuda a comprender las claves y toda la complejidad del robo del agua”, según Teresa Gil, responsable del programa de agua de WWF.

Gil apuntó que esta investigación “enciende las alarmas sobre la grave situación” de los parques nacionales de la Tablas de Daimiel y Doñana por “la sobreexplotación y el robo del agua”, y alerta sobre “un nuevo foco muy preocupante como el caso de Baza”. “También advierte del ‘eje del Sureste peninsular’, que se ha convertido desde hace unos años en otro importante núcleo de ilegalidad”, añade.

DOS EXPERIENCIAS POSITIVAS

No obstante, precisó que se han detectado “dos experiencias con tendencia positiva que muestran que se puede abrir camino contra esta problemática”, como son los casos del Campo de Cartagena y Los Arenales, aunque “ambos presentan todavía una situación preocupante por su magnitud”.

Y añade: “La investigación revela y alerta también sobre los ‘desplazamientos de cultivos’ que se están dando en los territorios con nuevas plantaciones con claros indicios de ilegalidad. Por ejemplo, en Doñana ha habido progresos contra los cultivos ilegales de frutos rojos en la Rocina, pero, a la vez, se ha detectado un crecimiento de cultivo de olivos superintensivos”.

“También resulta llamativo que, mientras caen los cultivos ilegales en el Mar Menor, desde hace unos años hay una expansión insostenible de regadío con indicios de ilegalidad en otras zonas de la cuenca del Segura, especialmente en Albacete”, apuntó. Ese caso fue analizado por WWF con ANSE (Asociación de Naturalistas del Sureste).

Todas las zonas analizadas tienen en común que, en los últimos años, han asistido a una transformación de unos cultivos tradicionales de secano a una agricultura industrializada de regadío’ superintensivo’.

El estudio destaca que ello fue promovido con ayudas públicas, lo que ha conllevado un aumento de la superficie en regadío y un mayor uso de los recursos hídricos, así como un “efecto llamada” para los recursos extraídos con “claros indicios de ilegalidad”.

CASO A CASO

Según WWF, Doñana sigue amenazada por “la sobreexplotación y el robo del agua” en los alrededores de este espacio Patrimonio Mundial de la Humanidad. La superficie en posible situación de ilegalidad se ha estimado en más de 3.300 hectáreas.

Mientras, más de 39.000 hectáreas de superficie de cultivo de La Mancha se regarían con aguas subterráneas con “claros indicios de ilegalidad” en el acuífero de la Mancha Occidental, lo que convierte esta zona en “el epicentro del robo del agua en España”, según la investigación.

En el entorno del Mar Menor habría caído un 65% el volumen de extracción de agua subterránea con claros indicios de ilegalidad. Mientras, la superficie se habría reducido de 11.000 hasta 3.271 hectáreas entres 2019 y 2024, según el análisis de WWF.

Esta tendencia positiva se contrapone a lo que sucede en el eje sureste de la demarcación hidrográfica del Segura. La parte de acuífero correspondiente a Albacete encabeza el robo del agua en esta demarcación, ya que concentra casi el 75% de todos los cultivos regados con agua extraída “con claros indicios de ilegalidad” (más de 11.500 hectáreas). La superficie total en Albacete, Almería y Alicante asciende a 15.230 hectáreas.

La investigación de WWF arroja que más de 4.000 hectáreas de superficie se regarían con agua extraída “con indicios claros de ilegalidad” en la comarca agraria de Baza, lo que supondría casi un 62% del total de superficie regada.

El acuífero de Los Arenales, que se extiende por las provincias de Segovia, Valladolid y Ávila, es otro de los ‘puntos calientes’ del “robo” de agua. La superficie regada con agua extraída “con claros indicios de ilegalidad” se habría reducido desde las 17.000 hectáreas de 2019 hasta las 16.481 en 2023.