Según informó hoy el Gobierno gallego, el director general de Justicia, José Tronchoni, explicó esta jornada en el Parlamento autonómico los convenios anuales que existen con el Consejo de la Abogacía Gallega y con el Consejo Gallego de los Procuradores.

Estos acuerdos buscan ofrecer a los profesionales jurídicos formación especializada sobre la atención a mujeres y menores víctimas, que incluye módulos específicos sobre menores y violencia de género o mujeres extranjeras.

El Consejo de la Abogacía Gallega colabora en el desarrollo de acciones de atención profesional a víctimas de violencia sexual, con un presupuesto de 159.860 euros este 2023, para garantizar el asesoramiento jurídico por parte de un profesional especializado.

Por otra parte, la Escuela Gallega de Administración Pública (EGAP) incluye este año una veintena de cursos para garantizar la especialización y actualización en esta materia de todo el personal de la Administración de Justicia. Entre ellos, hay cursos específicos sobre la actividad en los juzgados de guardia y la tramitación de la violencia de género para los cuerpos de gestión y tramitación procesal y administrativa.

POTENCIAR LAS DENUNCIAS

Además, la colaboración entre la Xunta y el Consejo General del Poder Judicial permite formación para jueces y magistrados en materia de atención en violencia de género en juzgados de instrucción y penitenciarios.

El director general de Justicia aprovechó su comparecencia en el Parlamento autonómico para incidir en la necesidad de extender a todas las ciudades gallegas juzgados exclusivos de violencia sobre la mujer, como los que funcionan en La Coruña y Vigo.

Según explicó, estos tribunales permitirían ofrecer una atención especializada, potenciar las denuncias al resolver los procedimientos en plazos más cortos y reforzar la protección de las víctimas.