Este dato fue destacado este martes por el Ejecutivo gallego con motivo del encuentro de la consejera de Empleo e Igualdad, María Jesús Lorenzana, con el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices.

Lorenzana entregó al responsable de la Cámara autonómica el informe anual de violencia de género 2021, así como de otros dos informes específicos anexos sobre las prestaciones periódicas que la Xunta concede a las víctimas de la violencia de género y sobre las violencias sexuales.

En este sentido, la Xunta explicó que en 2021 concedió un total de 612 ayudas mensuales para que las mujeres víctimas de violencia de género consigan conseguir la independencia económica suficiente que les permita iniciar el camino de la ruptura con la situación.

COMUNIDAD “REFERENTE”

Según el Ejecutivo gallego, estas convocatorias anuales, que se mantienen con plazo abierto durante todo el año, hacen que esta comunidad sea un “referente” en España en este tipo de apoyos. Estas ayudas supusieron el año pasado una inversión de 5,2 millones de euros, con asignaciones mensuales de hasta 800 euros (cuantías baremadas en función de las rentas e ingresos) a las beneficiarias.

De estas mujeres, el 72% tenían menos de 46 años y el 51% contaban con hijas y/o hijos menores a su cargo. Más del 78% de las beneficiarias, por su parte, fueron mujeres desempleadas.

Pero las periódicas, no son las únicas ayudas económicas que la Xunta concede cada año a las víctimas de la violencia de género. En total, en 2021, se consiguieron casi los 1.000 apoyos económicos: a las 612 concedidas de carácter mensual, se suman otras 324 otorgadas de la línea de pago único (324 beneficiarias) y las 13 ayudas que garantizaron que las mujeres recibieran las indemnizaciones reconocidas por sentencia judicial.

La Xunta está reforzando, por otra parte, los apoyos para la formación y el empleo para las mujeres víctimas a través de la Consejería de Empleo e Igualdad, con el objetivo de favorecer su inserción laboral y mejorar su empleabilidad. En esta línea, las víctimas de la violencia de género tienen acceso preferente las actuaciones autonómicas, en concreto, a los servicios de orientación laboral, a los cursos de formación ocupacional y a los programas mixtos de formación-empleo.