Rueda resaltó que las comunidades necesitan "infraestructuras eléctricas modernas y adaptadas a la realidad actual del tejido industrial y al crecimiento previsto en el futuro". En esta línea, recordó que contar con estas instalaciones "es fundamental para el desarrollo económico de las comunidades".

La vigente planificación de la red de transporte para 2021-2026 “ya discriminó” a Galicia, al prever menos de un 1% de inversión en redes frente al 6,7% en el período anterior (2015-2020). Ahora, la nueva propuesta “muestra una continuidad en esta línea discriminatoria tirando por la bajo inversión reiterada que se prolongará como mínimo más de un lustro”, denunció.

Así, pese a que Galicia precisa más capacidad para la evacuación de energía renovable y de consumo con la finalidad de dar respuesta a las demandas de los proyectos industriales, Rueda lamentó que de los 13.122 millones de euros destinados en la nueva planificación eléctrica 2025-2030, "el Gobierno central tan sólo asigna a Galicia alrededor de 367 millones de euros de la inversión total, es decir, un 2,8%", porcentaje muy por debajo de su aportación al mix eléctrico (8,8%).

Además, de esos 367 millones, el Ministerio tan sólo reserva 215 para acometer nuevas inversiones o actuaciones, es decir, un 1,6% del total de fondos a nivel estatal. El resto se corresponde con inversiones no ejecutadas de la planificación vigente de manera que una parte muy importante de las inversiones del Gobierno se arrastran de la planificación actual.

De este modo, Rueda advirtió que se ponen en riesgo "más de una docena de proyectos industriales declarados estratégicos" para el desarrollo industrial de la comunidad, como la planta de producción de metanol verde prevista en Mugardos (Triskelion) o la central de bombeo reversible CHR Meirama, ambas actuaciones en la provincia de A Coruña. Además, la planificación olvida el crecimiento que deberá experimentar la demanda energética en Galicia en los próximos años en un actual contexto de electrificación de la economía mundial que es imprescindible para su descarbonización.

Por eso, tal y como explicó la consejera de Economía e Industria de la Xunta, María Jesús Lorenzana, el Gobierno gallego va a reclamar "más capacidad de consumo y evacuación" y que la nueva planificación "no condene el desarrollo económico en determinadas zonas de la comunidad" como es el caso de Lugo que "queda absolutamente desatendida salvo en la zona norte".

La consejera, que lamentó que la inversión prevista "sea claramente inferior a lo que le corresponde a Galicia", recordó, además, que la planificación "llega tarde" ya que con los trámites aún pendientes, las obras de las nuevas infraestructuras no se iniciarán "antes de 2028 o 2029".

Así, el Gobierno gallego registrará mañana un documento de alegaciones en el que reclamará el incremento de las inversiones en Galicia hasta lograr como mínimo el 6,7% y recuerda que por consecuencia directa de esta discriminación es que no se atienden todas las necesidades energéticas de las iniciativas industriales proyectadas para los próximos años.

De hecho, las actuaciones incluidas en el borrador de la planificación del Estado para el horizonte 2030 representan algo menos de 2.000 MW (1.899), a pesar de que el Gobierno gallego había solicitado más de 8.000 MW de capacidad.

Asimismo, solicita conocer la distribución territorial de la nueva potencia que va a estar disponible para el consumo, que se considera imprescindible para poder elaborar una planificación industrial para los próximos años, al condicionar la localización en la que se podrán implantar nuevos proyectos industriales.