Ya en primavera se publicaron informaciones de que la vicepresidenta segunda quería intentar ahormar una candidatura para dirigir la OIT, aunque desde su ministerio no lo confirmaron hasta que en julio lo hizo oficial el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La titular de la cartera de empleo parte con el aval de las cifras de paro de España, que están en sus registros más bajos de hace casi dos décadas, y con la afiliación a la Seguridad Social en el récord de más de 22 millones de ocupados. También puede presumir de haber logrado una reforma laboral en 2021 pactada con sindicatos y patronal que ha contribuido a reducir a la mitad las tasas de temporalidad en España.

No obstante, no es un reto fácil, pues tendrá que enfrentarse al actual director de este organismo de la ONU, Gilbert F. Houngbo, con quien Díaz venía mostrando desavenencias por el rumbo que estaba adquiriendo la OIT. Las elecciones tendrán lugar el 16 de noviembre, aunque el nuevo mandato no arrancará hasta después del verano de 2027, con lo que de triunfar, Díaz podría mantenerse al frente del Ministerio de Trabajo hasta el final de la legislatura, incluso si Sánchez no adelanta los comicios y se celebran en julio.

TRAYECTORIA

La vicepresidenta segunda, que ya anunció su decisión de no volver a ser la candidata de Sumar o de la plataforma que se conforme en el espacio a la izquierda del PSOE, es ministra de Trabajo desde enero de 2020 y, apenas un año y tres meses después, promocionó a la vicepresidencia segunda, cuando fue señalada para ello por Pablo Iglesias, quien dejó ese puesto y el de ministro de Derechos Sociales para enfrentarse a Isabel Díaz Ayuso en unas elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid, donde Podemos no logró siquiera entrar en la Asamblea. La relación entre Díaz e Iglesias se fue agriando con el tiempo, con un tono duro especialmente por parte del exlíder de podemos hacia ella.

Pese a su paso al lado, y hasta julio, Díaz mantuvo una repleta agenda institucional, con viajes internacionales de trabajo e, incluso, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, mostró su compromiso de que vería la luz antes de agosto el refuerzo del control horario en las empresas, con el fin de luchar contra las horas extra no remuneradas ni compensadas (más de 2,5 millones a la semana).

PROMESA INCUMPLIDA

Esto no ha sucedido y será uno de los elementos a los que tendrá que enfrentarse Díaz de manera inmediata, puesto que tanto CCOO como UGT han amenazado al Gobierno en su conjunto con no firmar ningún otro acuerdo hasta que este tema no se solvente, alegando que “de nada sirve” suscribir pactos que no llegan a materializarse.

Cabe recordar que el nuevo registro horario, que será digital e interoperable desde la Inspección de Trabajo, es solo una de las tres patas de la ley de reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas que tumbaron Junts, PP y Vox en el Congreso hace un año. La otra medida era regular el derecho a la desconexión digital.

Este último apartado y la reducción del tiempo máximo de trabajo modifican el Estatuto de los Trabajadores, por lo que necesitan ser aprobados en el Congreso, pero no ocurre lo mismo con el refuerzo del control de jornada. Por ello, la vicepresidenta segunda, tras encajar la derrota parlamentaria, retomó esta pieza por separado, aunque en primavera el Consejo de Estado emitió un informe muy crítico con la norma del registro de jornada, en el que se recogían muchas de las reticencias del Ministerio de Economía e incluso parte de las tesis de la CEOE.

Y es que, Díaz no solo ha tenido enfrentamientos públicos con la patronal, sino con su compañero de Gobierno, el vicepresidente primero Carlos Cuerpo, quien defiende el endurecimiento del registro de jornada pero aplicando facilidades para determinados sectores y empresas de menor tamaño.

Otras banderas de Díaz para esta legislatura, como la reducción de la jornada o la modificación del despido en España, tendrán que esperar, ya que Junts, PP y Vox suman mayoría absoluta y pueden bloquear todo este tipo de iniciativas, que también rechaza de plano la patronal, que celebra sus elecciones internas el 1 de octubre y a las que, de momento, solo ha anunciado que se presentará el actual presidente, Antonio Garamendi, con quien Díaz tenía sintonía en la pasada legislatura pero que en los últimos años ha dado paso a numerosos ‘choques’ públicos. En todo caso, coinciden ahora de nuevo en tener un otoño con marcado carácter electoral en ambos casos.