En concreto, Rodríguez Zapatero preguntará al jefe del Ejecutivo, José María Aznar, si cree que con su forma de dirigir el Cuerpo Nacional de Policía contribuye de la manera más eficaz a lchar contra el actual incremento de la criminalidad.

Rodríguez Zapatero cumple así parte del compromiso adquirido con los sindicatos policiales, con cuyos representantes se reunió el pasado jueves y a los que garantizó la insistencia del PSOE ante el Gobierno en la denuncia de la inseguridad ciudadana y en la necesidad de que los agentes tengan mejores condiciones laborales.

Los sindicatos policiales mantienen desde hace meses un contencioso con el Gobierno, al que demandan más medios humanos y mteriales, una mejor retribución y mayor coordinación entre las distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Los representantes de los sindicatos criticaron la "cerrazón" del ministro de Interior, Mariano Rajoy, al que acusan de conculcar los derechos de los agentes y de negar sistemáticamente el diálogo.

Pese a lamentar también esta situación, el líder socialista rechazó la posibilidad de mediar entre el ministro y los sindicatos, por entender que la resolución del conflicto es una responabilidad del Gobierno "no traspasable" a la oposición.

El compromiso que sí adquirió el líder socialista fue el de requerir al Gobierno los datos reales de la delincuencia en España, seguir haciendo de este asunto una de sus prioridades en la acción parlamentaria y presentar alternativas para mejorar la seguridad ciudadana y las condiciones de trabajo de los agentes encargados de garantizarla.

En este sentido, el líder socialista entregó a los representantes sindicales el documento aprobado recietemente por la Comisión Ejecutiva Federal, en el que propone medidas de todo tipo, incluidas educativas y urbanísticas, para prevenir la delincuencia y para dotar de mayor eficacia a la lucha contra la inseguridad ciudadana, comenzando por un incremento de la plantilla de agentes.

Además, la dirección del PSOE no descarta sumarse a la querella presentada por los sindicatos contra el ministro por incumplir los acuerdos adquiridos y conculcar por ello los derechos de los agentes.

En su opinión, lasdemandas de los agentes y las acciones emprendidas hasta ahora no sólo son legítimas, sino que están además "perfectamente fundadas en derecho", puesto que se basan en un compromiso firmemente adquirido por el Gobierno, "y que está siendo incumplido".