El juez Calama remitió esta semana una comisión rogatoria a las autoridades de Estados Unidos pidiendo permiso para poder utilizar esas grabaciones con valor de prueba en caso de que la investigación llegue a juicio. La defensa del expresidente quiere saber si las grabaciones fueron autorizadas por un juez y si se puede garantizar la cadena de custodia.

De ese modo, el escrito plantea "una respetuosa solicitud al órgano judicial garante de los derechos fundamentales" que considera "absolutamente necesaria para verificar si las conversaciones que se dicen contenidas en el dispositivo y que han sido analizadas por la policía y por el Ministerio Fiscal cumplen realmente con los requisitos de autenticidad, integridad y licitud que son imprescindibles para que se puedan considerar aptas como prueba en el proceso penal y también como indicios en la fase de instrucción, sin incurrir en un palmario vicio de indefensión y contravenir el derecho fundamental a un proceso con todas las garantías, señaladamente a una efectiva contradicción procesal, reconocidos y garantizados por el art. 24 de nuestra Constitución".

Esas conversaciones fueron captadas en 2021 por la agencia estadounidense Homeland Security Investigations y remitidas cinco años después a la justicia española tras una petición de colaboración cursada por Interpol al reactivarse la investigación por blanqueo de capitales contra Reyes Rojo.

Además, la defensa de Zapatero pone en duda la cadena de custodia del móvil de Rodolfo Reyes, destacando que la intervención del dispositivo móvil se produjo dentro de una operación que perseguía el contrabando y asegura que no tiene documentación alguna sobre este extremo.

Pese a ello, indica, los investigadores “han analizado todas las conversaciones del Sr. Reyes contenidas en el dispositivo, y estas comunicaciones han servido tanto para atribuir la condición de investigado al Sr. Rodríguez Zapatero como para autorizar las entradas y registros” y para ordenar el bloqueo de sus cuentas.

Según la defensa de Zapatero, "la ausencia de los datos completos acerca del dispositivo" de Rodolfo Reyes, "de su aprensión, del método de volcado y la autenticidad de las comunicaciones y de la conservación y custodia del dispositivo al que la policía norteamericana accedió, así como respecto de las circunstancias en que se ha producido el intercambio de esa información entre los órganos policiales, sin intervención judicial conocida, permite plantear dudas razonables sobre el respeto del derecho a proceso con todas las garantías, y la imprescindible contradicción procesal, que forma parte inescindible de las garantías del juicio equitativo y facilita la igualdad de las partes".