Esta medida permitirá incorporar 66.120 nuevas plazas SER, lo que supone un incremento del 36% respecto al número actual (181.493 plazas). Con la modificación el SER podrá extenderse por los territorios de Fuencarral-El Pardo, Latina, Carabanchel, Usera, Ciudad Lineal, llegando por primera vez a los distritos de Puente de Vallecas y Moratalaz, incrementándose la regulación de 13 a 15 distritos.

La ampliación, como en el resto de barrios, se llevará a cabo de forma gradual y siempre que haya un acuerdo favorable de la Junta de Distrito, previa consulta a vecinos y asociaciones.

La extensión se habilitará en dos fases. Antes del 31 de diciembre de 2029 alcanzará a los barrios ya contemplados en la Ordenanza de Movilidad Sostenible que se aprobó en septiembre de 2021, sumando 11.372 plazas. Estos son Peñagrande, de Fuencarral-El Pardo; Valdezarza, de Moncloa-Aravaca; Opañel y San Isidro, de Carabanchel, y Costillares, de Ciudad Lineal.

Por otra parte, antes del 31 de diciembre de 2035, el Ayuntamiento continuará la expansión para las nuevas áreas incluidas en el proyecto que este jueves se aprueba, sumando 66.120 nuevas plazas. En este caso son Valverde, de Fuencarral-El Pardo; Lucero, Aluche, Los Cármenes y Puerta del Ángel, del distrito de Latina; Puerta Bonita, Abrantes, San Isidro, Opañel y Vista Alegre, de Carabanchel; Zofío y Orcasur, de Usera; Pueblo Nuevo, Quintana, Concepción, de Ciudad Lineal; Marroquina, Fontarrón, Vinateros y Media Legua, de Moratalaz, y San Diego, Palomeras Bajas y Numancia, de Puente de Vallecas. De este modo, el SER pasará de las 181.493 plazas actuales a 258.985, un 42,7% más, la mayoría para residentes.

La modificación de la Ordenanza de Movilidad Sostenible llega un año y tres meses después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anulara las zonas de bajas emisiones incluidas en la ordenanza. Aunque el asunto sigue en los tribunales pendiente de la resolución de un recurso el Ayuntamiento se comprometió a preparar en paralelo una ordenanza nueva para blindar las zonas de bajas emisiones y para incluir el informe de impacto económico que fue el elemento en el que se sustentaba el último revés judicial a esta norma.