A las cerca de 600 firmas iniciales de profesores universitarios, investigadores, académicos e intelectuales (del CSIC y otros organismos públicos de investigación, plataformas en defensa de la vida y asociaciones médicas, entre otros) se añaden las cerca de 400 que recogió un manifiesto paralelo presentado en Cataluña.

En la presentación del texto en Madrid, Nicolás Jouve, catedrático de Genética de la Universidad de Alcalá de Henares, se encargó de la lectura del manifiesto, que parte de la exigencia de una "correcta interpretación de los datos de la ciencia", porque "existe sobrada evidencia científica de que la vida comienza con el momento de la fecundación".

Jouve se refirió al cigoto como "primera realidad corporal del ser humano" y defendió al embrión (desde la fecundación hasta la octava semana) y al feto (desde la octava semana) como un "nuevo ser humano independiente de la madre".

La "Declaración de Madrid" exige respeto a la libertad de objeción de los médicos y asegura que no se puede hablar de una simple "interrupción voluntaria del embarazo", sino de "un acto simple y cruel de interrupción de una vida humana". "Y no es ideología, es certeza de la ciencia", añadió este experto.

Los cerca de 1.000 científicos adheridos están también en contra de la propuesta del comité de expertos del Gobierno de permitir abortar desde los 16 años sin consentimiento paterno, porque obligar a estas chicas "a decidir solas" es "una irresponsabilidad y una forma clara de violencia contra la mujer".

También suscribe el texto José Andrés Gallego, científico del CSIC, quien rogó al Ejecutivo "que haga lo imposible por ayudar a los que se alegran de que otros existan". "Los gobernantes gobiernan para facilitar la convivencia, y difícilmente se podrá convivir si no se puede vivir", señaló.

"NO ES UN DERECHO DE NADIE"

Para Mónica López Barahona, directora general académica del Centro de Estudios Biosanitarios, el aborto, como "atentado a la vida", no es un derecho. "La mal llamada interrupción voluntaria del embarazo no puede erigirse en derecho de nadie", sentenció.

Esta experta considera que "si se ofrecieran alternativas reales", muchas mujeres "continuarían el embarazo". "En España hay un altísimo grado de mujeres que abortan, de mujeres que acuden a la reproducción asistida y que esperan una adopción internacional. ¿No habría manera de casarlas?", se preguntó.

En definitiva, el manifiesto considera que la propuesta para una ley de plazos "agrava la situación actual" y "desoye a la sociedad". En opinión de los firmantes, lo que la ciudadanía demanda es "una regulación para detener los abusos y el fraude de ley de los centros donde se practican".

Daniel Turbón, en representación de los propulsores del manifiesto catalán, apuntó que estas firmas "no son más numerosas porque hay miedo". "Hay miedo a ser perseguidos y no conseguir con la adhesión lo que esperan en sus carreras científicas", dijo, por lo que apuntó la posibilidad de que "en los próximos días se disparen" los apoyos a estos textos.