La proposición no de ley explica que la mayor presencia de convivencia de personas, unidas por lazos familiares, dentro de residencias de personas mayores, viviendas tuteladas y otros dispositivos similares genera lagunas en cuanto a la percepción de pensiones no contributivas de la Seguridad Social en estas situaciones debido a interpretaciones jurídicas que “inciden en una mayor situación de la vulnerabilidad de las personas mayores”.

El texto pone como ejemplo un caso reciente en el que se ha excluido como beneficiaria de una pensión no contributiva a una mujer de avanzada edad por el hecho de que una hermana ha ingresado en la misma residencia de mayores, al estimar que este caso constituye una unidad de convivencia.

La Administración gestora consideró que, por el hecho de convivir en un mismo lugar, ambas personas formarían parte de la misma unidad familiar y, por tanto, se computaban las rentas de las dos hermanas, superando el límite de rentas de la unidad familiar establecido en la ley para recibir la pensión no contributiva.

Por ello, con esta iniciativa se insta al Gobierno a reforzar el principio de solidaridad del sistema público de pensiones y que, a tal efecto, adopte las medidas que aseguren que no se considerarán unidad económica los supuestos de familiares en segundo o tercer grado de consanguinidad que convivan en un centro asistido o residencia para mayores, con revisión de los expedientes en los que se hubiera extinguido la pensión no contributiva por esa consideración.