Satse recuerda que la transferencia por parte del Gobierno a las comunidades autónomas de la sanidad penitenciaria es una “asignatura pendiente” desde hace más de 30 años, cuando así lo dispuso la Ley 14/1986, General de Sanidad. Posteriormente, el Real Decreto 190/1996, de Reglamento Penitenciario, también abogó por su participación en el Sistema Nacional de Salud.

En similares términos, la Ley 16/2003, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud estableció que los servicios sanitarios dependientes de instituciones penitenciarias debían ser transferidos a las comunidades autónomas para su plena integración en los correspondientes servicios autonómicos de salud en un plazo de 18 meses. Desde esta norma más reciente han transcurrido ya 12 años, apunta el sindicato.

En la actualidad, agrega, "se da la circunstancia de que coexisten dos sistemas sanitarios públicos que están desarrollando sus funciones de forma paralela, duplicando, en ocasiones, recursos, y que no tienen todavía consolidados unos canales de comunicación y coordinación adecuados".

En la actualidad, los profesionales de enfermería que trabajan en los centros penitenciarios dependen del Ministerio del Interior en todas las comunidades autónomas, salvo en Cataluña, que tiene la competencia desde 2006, y Euskadi, desde 2011.