La institución que dirige en funciones Francisco Fernández Marugán inició una actuación de oficio ante el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital tras conocer la decisión del Gobierno de excluir del trámite de evaluación de impacto ambiental a los proyectos de recepción, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado en Mugardos (A Coruña).

Dos sentencias del Tribunal Supremo anularon la autorización administrativa para la instalación de la planta en Mugardos y el proyecto de ejecución de 2004 porque en el momento de emitirse no se contaba con un instrumento de planificación urbanística adecuado. Al tener que pedir la planta nuevas autorizaciones, el Gobierno decidió eliminar el trámite de evaluación ambiental para agilizar el procedimiento.

El Defensor del Pueblo recuerda en un comunicado que la Ley de evaluación ambiental establece que antes de llevar al Consejo de Ministros una propuesta de este tipo, es necesario informar al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, para que éste elabore un informe sobre el estudio de viabilidad ambiental y sobre el resultado de las consultas y la participación pública. Y así se lo recomendó al Ministerio de Industria que, sin embargo, rechazó la resolución formulada.

No obstante, el Defensor del Pueblo ha proseguido sus actuaciones y ha recomendado al Ministerio de Medio Ambiente que, en la próxima modificación de la Ley de evaluación de impacto ambiental, se asegure la participación de un órgano ambiental en el procedimiento previo a la decisión por el Consejo de Ministros de excluir un proyecto del trámite de evaluación ambiental.

ESPACIOS NATURALES

En cuanto a Tramontana, la ley balear de evaluación ambiental, aprobada en agosto de 2016, introduce modificaciones que afectan a los usos de zonas de máxima protección medioambiental y permite el acceso y la estancia en esas zonas para actividades recreativas y de ocio, previa autorización de la Consejería competente en materia de medio ambiente.

Al Defensor le preocupa especialmente la situación de la Sierra de Tramontana, en Mallorca, que está catalogada como parte de la Red Natura 2000 como 'Lugar de Importancia Comunitaria y Zona de Especial Protección para las Aves'.

El Defensor del Pueblo considera que cuando una administración promueve cambios normativos aplicables a los espacios naturales protegidos, dichas modificaciones deben ir precedidas de una sólida justificación técnica que asegure que no se reduce el nivel de protección ambiental existente.

Por ello, el Defensor ha pedido a la Administración autonómica que realice un estudio que acredite que estos cambios no van a tener consecuencias nocivas y que, ante un posible impacto negativo, prohíba el acceso a las zonas de máxima protección y dé marcha atrás en el cambio legislativo que lo ampara.

Además, ha recomendado a la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca de Illes Balears que, antes de promover o tramitar normas que modifiquen el régimen de protección de los espacios naturales, acredite mediante una memoria técnica que la nueva regulación no va a suponer un retroceso en el grado de protección alcanzado.

DOÑANA

En materia de protección del medio ambiente, el Defensor también ha actuado en 2017 ante el posible riesgo sísmico de cuatro proyectos de gas en Doñana; se interesó por los problemas causados por el vertedero de Valdemingómez en Madrid y continuó sus actuaciones ante 15 municipios españoles para conocer las medidas que contemplan para atajar la contaminación atmosférica urbana y la información proporcionada a la población.

La labor de la defensoría en el terreno medioambiental es supervisar que las administraciones realicen labores de prevención, compensación, reparación de daños y restauración del medio e instar a que hagan un mantenimiento adecuado y sostenible de los recursos naturales (aguas, costas y playas, montes, espacios protegidos, fauna y flora) y de la contaminación e impacto ambiental (ruido, vertidos, residuos).

En sus escritos a la Administración, el Defensor del Pueblo pide además, que se tengan en cuenta los aspectos ambientales en la normativa, así como en la ejecución de planes o proyectos de infraestructuras (carreteras, aeropuertos, ferrocarriles).