Sabanés y Sanz comparecieron juntas en el Palacio de Cibeles ante el requerimiento que ayer envió la Comisión Europea urgiendo a ambas ciudades a que atajen la contaminación llevando a cabo sus respectivos planes de calidad de aire. Las dos coincidieron en subrayar que Madrid y Barcelona están trabajando activa y coordinadamente (“como nunca antes”, enfatizó Sanz) contra la contaminación y en advertir de que las muertes y enfermedades prematuras que provoca la polución la convierten en “un problema de Estado” que exige la “lealtad” y colaboración entre distintas administraciones.

En esa línea, arremetieron contra García Tejerina, quien esta mañana dijo que la calidad del aire es competencia municipal y que Madrid y Barcelona no quieren enterarse. Ambas contestaron que lo saben muy bien, pero que el Estado tiene que cumplir con las suyas, entre las que destacaron revisar el impuesto especial sobre carburantes para eliminar los incentivos a los diésel y bonificar a los eléctricos y los no contaminantes. Además, recordaron que los expedientes abiertos por la UE se refieren al período 2010-2015, cuando en Madrid gobernaba el PP y en Barcelona CiU.

Para Sabanés, lo que ha dicho Tejerina es más que “una deslealtad” y “muy poco digno de una ministra”, cuando a su juicio la clave es que al Gobierno central “le cuesta enfrentarse a la industria automovilística”. Para Sanz, esas palabra son “una prueba de su incompetencia”, y , si Tejerina “no quiere enfrentarse a un lobby”, le sugirió que traspase la competencia a los ayuntamientos.

REUNIÓN EL 22

Fuentes municipales revelaron que la secretaria de Estado de Medio Ambiente, María García, ha convocado a Sabanés a una reunión el próximo día 22 sobre el requerimiento de la Comisión Europea, pero las dos concejalas apuntaron que les gustaría que fuera la ministra quien presidiera la reunión, y a ser posible convocando a las respectivas alcaldesas, Manuela Carmena y Ada Colau. García Tejerina, recordaron, tampoco estuvo en la reunión de abril pasado sobre el mismo tema.

Insistiendo en la necesaria coordinación entre administraciones ante este “problema de Estado”, recogida expresamente en el Plan A de Calidad del Aire del Ayuntamiento, Sabanés reconoció que “hay cuestiones que las ciudades no podemos resolver”, como los relativos a los puertos, los aeropuertos, los carriles de alta ocupación en los accesos a la ciudad y las imprescindibles medidas fiscales contra los diésel, “uno de los temas nucleares”. Su homóloga barcelonesa coincidió en el adjetivo “nuclear” y preguntó qué sentido tiene que las ciudades no permitan circular a los diésel si otra administración está “subvencionando la compra de esos vehículos”.

Sanz destacó que en Barcelona existe un plan coordinado entre la capital, el área metropolitana y la Generalitat de Cataluña, y que en 2020 los coches que no tengan etiqueta ecológica no podrán circular por la almendra central, como ya no pueden hacer en los episodios de alta contaminación; una medida que el Ayuntamiento de Madrid sopesa introducir este año, y que García Tejerina se quejó de que no había sido comunicada al Ministerio, lo que suscitó otra reacción airada de Sabanés, quien la reveló en respuesta a una pregunta que se le formuló en el Pleno municipal de enero: “¿Tengo que pedirle permiso para contestar a una pregunta?”.

Otras medidas que sugirieron al Estado son que paguen la factura de los puntos de recarga de los coches eléctricos, que hasta ahora recae en las ciudades (4.000 euros por kw/h al año, según Sanz), modificar una normativa que “penaliza la transición energética”, según Sabanés, o aclarar la obligatoriedad de llevar las etiquetas ecológicas de la DGT. La delegada madrileña subrayó que todas ellas están ya en el dictamen de la Comisión Europea, así como la de mitigar la contaminación de las infraestructuras estatales.