Ella ya ha sido absuelta por las denuncias “falsas” que presentó la expareja en su contra, pero aún recuerda el “maltrato judicial” al que fue sometida, según denunció este lunes en declaraciones a la prensa arropada por varias organizaciones feministas. “Llegué a ese juzgado suplicando ayuda y salí imputada”, criticó.

Su maltratador, por el contrario, fue finalmente condenado a dos años y nueve meses de prisión por sendos delitos de maltrato habitual y doméstico, pero hasta llegar a ese punto Isabel López asegura que se sintió “cuestionada y criminalizada como víctima” por la jueza que instruyó su caso, después de que llegara a imputarla y separarla temporalmente de su hija.

Y es que cuando acudió a denunciar pasó “del maltrato en casa al maltrato judicial”, relató a los periodistas. “Soy una superviviente y he decidido morir de pie antes que seguir viviendo de rodillas”, explicó para justificar su decisión de elevar su caso al Consejo General del Poder Judicial, máximo órgano de gobierno de los jueces en España.

Marisa Soleto, presidenta de la Fundación Mujeres y una de las feministas que arropó a Isabel López durante la exposición de su caso, demandó un “sistema de evaluación” de los “operadores jurídicos y legales” en casos de violencia de género para poner de manifiesto su “mala cualificación” en este ámbito, de manera que haya “rendición de cuentas” cuando se demuestre mala praxis.

Ana María Pérez del Campo, histórica feminista y precursora de la primera asociación española de mujeres separadas y divorciadas aseguró sobre esta revictimización en los tribunales que “a una mujer le cuesta muchísimo ir al juzgado” y que, cuando lo hace, “sus hijos están aprendiendo que el caballo ganador es el violento y que su madre encima es tonta”.

ESPECIALIZACIÓN

La presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro, denunció por su parte que los jueces suelen “obligar” a las víctimas a “ceñir su relato a la última agresión que han sufrido”, mientras que “se deja de lado la violencia habitual”, que “queda impune”. Además, manifestó que “las víctimas se enfrentan a quienes ponen en duda la veracidad de su relato” tanto por parte de jueces como de fiscales.

En este sentido, los colectivos feministas pusieron de relieve la necesidad de contar con una mayor especialización y cualificación de jueces, fiscales y abogados que tratan con casos de violencia de género, de manera que conozcan la “realidad” de las víctimas y sepan identificar con una mayor diligencia las situaciones de violencia de género.