Compromís solicitó al Ministerio de Educación copia de las cuentas anuales de la Fundación Nacional Francisco Franco, hasta el ejercicio 2015, que se encontraban depositadas en el Registro de Fundaciones de competencia estatal, y posteriormente las publicó. La formación valenciana denuncia que las cuentas de 2008 a 2010 no han sido aportadas y que, según el Gobierno, el ejercicio 2002 no fue presentado por la fundación y tampoco disponen del de 2003 por problemas técnicos con el archivo central del Protectorado.

Mulet destacó que “justamente entre 2004 y 2008 fueron presentadas con muchos años de retraso, incumpliendo la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, que fija seis meses desde el cierre de cada ejercicio para su presentación”. A pesar de ello, insistió, “han llegado a acumular más de cuatro años de retrasos, sin que el Gobierno haya adoptado ninguna medida, ya que, como la ley no contempla sanciones, el Gobierno tampoco anuncia medidas para castigar esta práctica”.

ILEGALIZACIÓN

Para el senador, “lo peor es que fundaciones como estas existan y reciban fondos públicos”, en concreto, “hasta 150.841,22 euros desde 2000 a 2003, tal y como reconoce el propio Gobierno en otra respuesta parlamentaria”, explicó.

En su opinión, es como si “la actual Alemania pagara dinero de todos a una legalizada Fundación Adolf Hitler, algo inconcebible e imperdonable, pero aquí no pasa absolutamente nada porque el Partido Popular se descara como heredero legítimo del franquismo".

Mulet reiteró la necesidad de “ilegalizar este tipo de organizaciones que atentan contra la democracia, los derechos humanos y promueven el incumplimiento de las leyes”, ya que, según el senador, “en cualquier país democrático de nuestro entorno una entidad de este tipo habría sido disuelta, condenada y apartada”.

Además, concluyó, mientras ejerza su actividad “debería ser supervisada, para que cumpla de forma efectiva con sus rentas, con los fines sociales que marca la ley y con los plazos en sus obligaciones”.