Fuentes jurídicas indicaron que el magistrado preguntó al expresidente si está dispuesto a comparecer ante el tribunal siempre que sea llamado, a lo que Mas respondió afirmativamente. La Fiscalía, representada por Javier Zaragoza y Jaime Moreno, solicitó libertad bajo fianza de 60.000 euros.

El ministerio público se adhería así a la petición de la acusación popular ejercida por el partido conservador Vox, que solicitó, al igual que hizo ayer con Marta Rovira, una vistilla de medidas cautelares en la que pidió libertad provisional bajo fianza mínima de 60.000 euros, la retirada del pasaporte y comparecencias quincenales ante el juzgado más próximo a su domicilio.

A término de su declaración, Mas dijo a los medios de comunicación que ha intentado explicar “la verdad de las cosas” al juez, empezando por reconocer que “hubo un referéndum el 1 de octubre” y que “la declaración de independencia de 27 de octubre tuvo un valor puramente simbólico; el referéndum fue real, pero la DUI tuvo un carácter parlamentario simbólico”.

“No me he tenido que retractar de nada”, aseguró a su salida del Supremo, donde también dijo que sigue “defendiendo el derecho a decidir del pueblo catalán, incluso de la independencia de un futuro Estado catalán dentro del marco europeo”.

Al juez le explicó que el proceso soberanista nació “de la raíz del pueblo catalán” y las instituciones sólo “han intentado acompañar ese proceso hacia la soberanía con voluntad de entendimiento y de diálogo con el Gobierno español, que no ha tenido contrapartida por la negación del Gobierno central a establecer un diálogo”.

Mas se mostró “satisfecho” de haber quedado en libertad, pero “muy triste por la situación de prisión en la que están determinadas personas y triste también porque hay personas que están fuera del país y no pueden volver por el riesgo de entrar en prisión”.

El expresidente aseguró que ha dijo “del derecho y de revés” que “no había un comité estratégico” para el diseño del `procès´, aunque, admitió, “se nos convocaba a una serie de reuniones con carácter muchas veces informal y composición de personas variables, en donde se hablaba de política. Pero si los políticos no podemos hablar de política, ¿de qué vamos a hablar?”, preguntó.

A su salida del Tribunal Supremo un hombre le increpó a gritos diciéndole que ha sido “el tonto útil de los golpistas”, a lo que el grupo de personas que acudió a respaldar al expresident respondió con frases como “visca Catalunya lliure”, “llibertat presos políticos” o “no estás solo”.

IMPUTACIÓN

Mas ha sido incluido entre los investigados por el instructor Pablo Llarena por los cargos que ejerció como presidente del partido y porque formaba parte del comité estratégico del proceso soberanista catalán, que aparece citado en el documento 'Enfocats' incautado por la Guardia Civil en un registro.

Este plan de ruta estaba consignado en una libreta con anotaciones manuscritas, incautado en el domicilio de Josep Maria Llové, mano derecha del exvicepresidente de la Generalitat en prisión preventiva Oriol Junqueras. Mas está siendo investigado por presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos.

Tanto la Fiscalía como la acusación popular pidieron ayer libertad bajo fianza de 60.000 euros para la secretaria general de ERC, Marta Rovira. Para la coordinadora del PDeCAT, Marta Pascal, nadie pidió medidas cautelares y salió en libertad.

El expresidente catalán estuvo arropado por un grupo de compañeros de partido y dirigentes independentistas, entre los que figuraban Jordi Xuclà, Miriam Noguera o David Bombeí, del PDeCAT; miembros de ERC como Teresa Jordà y Bernat Picornell, y el vicepresidente de la Associació de Municipis per la Independència, Jorgi Gaseni.

Artur Mas se convirtió en marzo de 2017 en el primer presidente autonómico condenado por desobedecer una resolución judicial. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) le impuso una pena de dos años de inhabilitación para ejercer cargos públicos por organizar la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014 pese a que había sido prohibida por el Tribunal Constitucional.