Así consta en el informe de la subcomisión sobre financiación de partidos políticos que se ha elevado a la Comisión de Calidad Democrática, contra la corrupción y para las reformas institucionales y legales. El informe ha sido aprobado por el PSOE, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y Ciudadanos, mientras que el PNV se abstuvo y el PP se ausentó de la votación expresando su posición contraria.

El informe aboga por revisar el delito de financiación ilegal para “rebajar significativamente” la cuantía mínima que da lugar a los supuestos con penas de prisión. “Los partidos que se hayan financiado ilegalmente a través de actos de corrupción de sus cargos públicos u orgánicos deben hacerse responsables patrimoniales de dichos actos”, añade.

Sugiere también que se valore la posibilidad de que la instrucción de expedientes sancionadores se vea reforzada por una “tarea de investigación sobre el terreno” por parte del Tribunal de Cuentas para descubrir irregularidades que no pueden deducirse únicamente de la comprobación remitida por los partidos, y pone como ejemplo a la Administración Tributaria. Para ello, sus integrantes deberían contar con la misma independencia e inamobilidad que los jueces, y también se tendrían que reforzar sus funciones para auditar “en el menor tiempo posible” y “sin demoras injustificadas”, reforzando asimismo sus métodos coercitivos y su capacidad sancionadora.

El informe apuesta por reforzar la aplicación de sanciones administrativas en materia de financiación como instrumento de prevención y repesión de conductas ilícitas, extendiendo los plazos de prescripción de las mismas. También por tipificar como infracciones la incorrecta identificación de donantes, la no justificación de que las cantidades corresponden a cuotas de militantes o la no notificación al Tribunal de Cuentas de donaciones de inmuebles o de cuantías superiores a 15.000 euros, siempre que revistan “gravedad” y que se pueda imputar a una actitud “negligente” o “dolosa” del partido.

FINANCIACIÓN PRIVADA

El informe juzga “conveniente” unificar la ley de partidos políticos y la de financiación, y también acabar con la dualidad normativa sobre financiación de campañas y del resto de actividades de los partidos. La mayor parte de las disposiciones sobre financiación de campañas están en la Loreg, precisa, pero se centran en la correcta justificación del cobro de subvenciones sin imponer deberes para prevenir irregularidades.

Considera “conveniente evaluar la posibilidad” de que el principio de suficiencia financiera de los partidos se incorpore al artículo 6 de la Constitución y subraya una “tendencia” hacia el incremento de la financiación privada “a la que no deberían ser ajenos los partidos” incrementando sus esfuerzos en la captación de recursos privados “implicando a la ciudadanía en el mantenimiento económico de su actividad”.

También alerta de que las distintas regulaciones sobre subvenciones dificultan conocer el detalle de sus cuantías, origen y destino, y pide una reflexión “sobre cómo ordenar el sistema de ayudas”, exigiendo que todas se rijan por unos principios comunes que faciliten el control y obligando a quienes las otorgan a informar al Tribunal de Cuentas. Apunta, además, a la necesidad de una única norma para regular las asignaciones a grupos locales.

Se refiere a que las subvenciones se puedan incrementar en función del cumplimiento de determinados objetivos tales como el equilibrio de géneros en las listas y en los órganos directivos, la limitación de mandatos, la consecución de determinados niveles de transparencia, la implantación de sistemas de control interno, o de modelos más participativos, como las primarias.

En cuanto a las fuentes privadas de financiación, el informe reclama “transparencia total”, limitar las donaciones máximas de personas físicas a fundaciones y asociaciones vinculadas, y publicar la identidad de quienes donen por encima de un determinado umbral.

Considera que las microdonaciones dirigidas a proyectos específicos, incluidos los de candidatos en primarias, “no deberían ser consideradas donaciones finalistas prohibidas por la ley”, pero pide articular obligaciones para los operadores económicos que las permitan, especialmente las entidades bancarias. Pide, asimismo, regular el sistema de microcréditos para adaptarlo a las reglas generales vigentes para los créditos.

Además, se inclina por un mailing electoral que evite “gastos innecesarios” y que garantice el pluralismo y la igualdad, por mantener la prohibición de donaciones de personas jurídicas, y por garantizar que la financiación bancaria se adecua a las condiciones generales del mercado.

PRIMARIAS

Respecto al funcionamiento interno de los partidos, defiende un “equilibrio” de poderes, con la existencia de, al menos, tres tipos de órganos autónomos entre sí y en los que se garantice la paridad: uno de carácter representativo que debe fijar las líneas políticas más importantes; uno de carácter ejecutivo que responda ante el anterior y en cuya elección se haya garantizado la posibilidad de participación activa y pasiva de todos los miembros de la organización; y uno de garantías que pueda revisar las decisiones adoptadas por el conjunto de entidades dentro de la organización.

Apunta la conveniencia de que la ley fije el periodo máximo que debe transcurrir entre congresos de los partidos, que deberán permitir la participación directa o indirecta de todos los miembros del partido en condiciones de igualdad.

Habla específicamente de las primarias para pedir disposiciones encaminadas agarantizar que se desarrollan “de manera limpia y respetuosa” con los derechos de todos los mimebros del partido a participar en la toma de decisiones. “Deberían realizarse al menos para las candidaturas a la presidencia de los gobiernos nacional y autonómicos y a las corporaciones locales con una determinada población”, añade.

Señala, en ese sentido, a la necesidad de reglas sobre la gestión del censo electoral que garanticen su disponibilidad por los candidatos sin perjudicar a ninguno de ellos y contemplando normas para la protección de datos personales, y de suprimir barreras como serían la “exigencia excesiva de avales” y otros requisitos que impidan o limiten la participación. Las aportaciones recibidas por los candidatos, una vez proclamados, deben tener el mismo tratamiento en términos de transparencia que las donaciones que recibe el partido, y atenderse mediante un procedimiento singularizado de financiación pública.

FUNDACIONES "FUERA DE CONTROL"

El documento considera probada la posibilidad, “amparada por la legislación”, de que las fundaciones y asociaciones vinculadas a los partidos recaben aportaciones económicas “fuera de control” por parte de los partidos, y que éstas a su vez realicen aportaciones a los partidos o satisfagan gastos directos de su funcionamiento ordinario, lo que da lugar a un “corte en la secuencia de control” sin posibilidad de fiscalización por parte del Tribunal de Cuentas.

Por ello, reclama más mecanismos de control de las personas que forman esas fundaciones o asociaciones, sus vínculos con los partidos y sus relaciones económicas, y las incluye en la obligación de informar al Tribunal de Cuentas de sus finanzas y sus flujos monetarios con los partidos.

Es partidario de fomentar controles internos para prevenir irregularidades y promover una “verdadera cultura ética”, con unidades de fiscalización dotadas de “la máxima independencia” y con recursos suficientes; y por un régimen disciplinario interno aplicable por órganos independientes.

Al respecto, defiende que los códigos éticos deben ser de obligado cumplimiento, con disposiciones sobre incompatibildiades y conflictos de intereses, y reclama reforzar las figuras responsables de la gestión economica y financiera, mejorando su formación y otorgando al Tribunal de Cuentas la potestad de responder de manera vinculante a las cuestiones que les planteen las formaciones políticas sobre sus obligaciones contables. Esas respuestas deben ser públicas, precisa, para crear un cuerpo doctrinal.

El informe apuesta por aumentar las obligaciones de los partidos a la hora de hacer públicos sus estatutos, códigos éticos, organigramas o trayectoria profesional de sus responsables, y pide “progresar” en la publicidad de las agendas de los dirigentes. Además, sugiere la obligación de informar trimestralmente al Tribunal de Cuentas de las aportaciones privadas recibidas, los créditos contratados y los acuerdos de renegociación de deuda, y de informar públicamente de los donantes que superen una cantidad establecida así como de las políticas de personal.