La patronal del transporte señaló en un comunicado que Hacienda sopesa este incremento aprovechando la contención del precio internacional del crudo en el último año, así como por la necesidad de mejorar la recaudación de las comunidades autónomas para poder cubrir sus necesidades de financiación.

Sin embargo, esta medida podría no producir el efecto perseguido, a juicio de Fenadismer, ya que repercutiría muy negativamente en las exportaciones españolas, teniendo en cuenta que el destino principal de las mercancías españolas son los países de la Unión Europea (66,3% del total), las cuales son transportadas principalmente por carretera.

La patronal asegura que cualquier aumento en el precio final del carburante repercute de forma importante en el valor final de los productos españoles destinados a la exportación, dado su bajo valor intrínseco (principalmente productos agroalimentarios, bebidas, bienes de consumo y materias primas y productos industriales), por lo que perderían competitividad en los mercados europeos como consecuencia del sobrecoste del precio del carburante.

La medida, añade la federación, "traería como consecuencia inmediata romper con la tendencia de crecimiento positivo continuado de las exportaciones españolas, que se ha mantenido a lo largo de estos últimos tres años, y agravaría el desequilibrio del déficit comercial español entre las exportaciones y las importaciones, que según datos del Ministerio de Economía se incrementó en un 40% en el último año, con lo que en consecuencia ralentizaría el proceso de recuperación de la economía española".

Si finalmente el Gobierno no reconsidera su postura y opta por introducir dicha medida recaudatoria con el aval del parlamento, Fenadismer reclamará que la subida no se aplique al sector del transporte por carretera, a través del mecanismo de devolución del gasóleo profesional.

Sin embargo, recuerda que ello paliaría sólo parcialmente su impacto económico, ya que a dicho régimen de devolución sólo pueden acogerse los vehículos de transporte de mayor tamaño, al quedar excluidos los camiones de menos de 7,5 toneladas de masa máxima, lo que representa en torno al 30% de la flota española, los cuales sufrirían directamente dicha subida si finalmente se aprobara.