La iniciativa, fruto de una enmienda transaccional que se saldó con 19 votos a favor y 17 abstenciones, prevé, en un primer término, evaluar las limitaciones de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal en cuanto a la accesibilidad real de personas con discapacidad a viviendas, y elaborar un informe al respecto que será enviado a las Cortes Generales, en el plazo máximo de un año.

Posteriormente, prevé llevar a cabo las modificaciones que, derivadas de la evaluación e informe antedichos, sean oportunas en la citada ley para “conseguir una mejora de la accesibilidad de las personas con discapacidad en las viviendas para adaptarla a la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”.

El diputado de Ciudadanos Diego Clemente defendió que “es esencial” que se lleve a cabo esta iniciativa, que tiene como fin mejorar la accesibilidad para que las personas con discapacidad puedan disfrutar de una vida plena y en igualdad de derechos y oportunidades que el resto de la población.

Sin embargo, la diputada de Esquerra Republicana de Catalunya Teresa Jordà i Roura, lamentó que “en ningún caso habla ni hace referencia a que vaya acompañado de una dotación presupuestaria con cargo a los Presupuestos Generales del Estado”.

Por su parte, la diputada socialista María del Mar Rominguera criticó la poca “contundencia” de la iniciativa y aseguró que “no hace falta seguir dando al Gobierno un año”, puesto que las organizaciones ya conocen la situación en cuanto a la accesibilidad real de personas con discapacidad a las viviendas

Finalmente, el diputado del PP José Vicente Marí reconoció que “queda mucho por seguir haciendo”, pero argumentó que apoyan esta iniciativa porque “nos interesa mucho más adoptar medidas efectivas” que analizar la contundencia o no de las mismas.