Greenpeace denunció que la norma, basada en “un concepto restrictivo de seguridad ciudadana asociado al orden público”, ha provocado “numerosas situaciones de indefensión de la ciudadanía” y ha constatado “un retroceso en las garantías democráticas relacionadas con los derechos de reunión y libertad de expresión”.

Las ‘ProtestBox’ imitan a las populares cajas de experiencias comercializadas por numerosas empresas, pero en lugar de ser canjeables por un viaje romántico o una comida en un restaurante, permitirían a la persona que las recibe participar en una de las diferentes modalidades de protesta que se ofrecen.

La organización ecologista propone diferentes opciones de protesta, como un fin de semana romántico de protesta, una manifestación en grupo frente al Congreso, oponerse a un desahucio en familia, sentir la emoción de colgarse de un edificio con una pancarta o vivir una jornada de resistencia pacífica. En cada una de las modalidades se refleja la cuantía de las sanciones que habría que abonar si se recibiera la correspondiente sanción.

MULTAS CUANTIOSAS

La Plataforma No Somos Delito, de la que forma parte Greenpeace, recuerda que, según los últimos datos oficiales publicados por el Ministerio de Interior, el Estado ha recaudado 131 millones de euros con la ‘Ley Mordaza’ en 18 meses. Las multas por “desobediencia o resistencia a la autoridad”, “la negativa a identificarse” o “la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación” ascienden a más de 10 millones euros.

Así, destaca el aumento del número de sanciones de 2015 a 2016 por “faltas de respeto y consideración” a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el primer motivo de sanción referente a seguridad ciudadana.

Si en los seis primeros meses de 2015 las multas por este motivo fueron un total de 3.130 por un valor de 469.203, en 2016 la cifra llegó a multiplicarse por seis, alcanzando las 19.497 multas por un importe global de más de tres millones de euros. El total recaudado por este motivo en este periodo fue de 3,47 millones de euros.

En 2016, de las sanciones por infracciones a la seguridad ciudadana alrededor de 34.000 podrían sancionar conductas amparadas por el ejercicio de los derechos de reunión, expresión o manifestación.

El habitual repertorio de protesta de Greenpeace se encontraba entre los objetivos de esta ley, ya que le ‘dedicó’ varias infracciones específicas, como colgarse de edificios o manifestarse en infraestructuras como centrales nucleares o puertos.

Recientemente, ha desaparecido el bloqueo a la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que mantenían Ciudadanos y el Partido Popular en el Congreso, y se prevé que en los próximos meses se debata un nuevo texto en la Comisión de Interior.

Por último, Greenpeace anunció que participará en las movilizaciones que este fin de semana discurrirán por decenas de ciudades españolas para exigir que el resultado de la reforma en trámite parlamentario asegure el libre ejercicio de los derechos civiles y animó a los ciudadanos a sumarse a ellas para “contribuir a la construcción de una sociedad civil crítica y participativa”.