Así se pronunció el Ministerio de Asuntos Exteriores, a través de un comunicado, con motivo del séptimo aniversario de la guerra en Siria, un conflicto que ha provocado más de 400.000 muertos, once millones de refugiados y desplazados y ha dejado tras de sí una “catástrofe humanitaria” y un “sufrimiento atroz”.

El Ejecutivo subrayó la urgencia de que el pueblo sirio “quede libre” de los bombardeos masivos, del “régimen de terror” del grupo terrorista autodenominado Estado Islámico (EI), de la escasez, del exilio y de la discriminación.

Ante esta situación, instó a las partes a asumir sus responsabilidades cumpliendo la Resolución 2401 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas “en todos sus extremos”, a retomar el proceso negociador y el diálogo político en el marco del Proceso de Ginebra y a iniciar los trabajos de la Comisión Constitucional acordada en la Conferencia de Diálogo Nacional de Sochi de enero de 2018.

El Gobierno reiteró su apuesta por una “solución política que respete la unidad, integridad territorial y soberanía” de Siria, cuyo futuro ha de basarse en un “marco democrático entre personas y comunidades sin discriminación alguna por razón de género, etnia o religión”.

Por último, defendió la necesidad de investigar las violaciones contra el Derecho Internacional Humanitario y que los responsables de estas atrocidades sean llevados ante la justicia.