El encargado de registrar la petición fue el coordinador federal de Izquierda Unida y portavoz parlamentario de Hacienda de Unidos Podemos en el Congreso, Alberto Garzón, quien considera “muy preocupante” que “sea la tercera vez en los últimos cinco años” en la que cae este tipo de recaudación, algo que “demuestra el fracaso del Gobierno del PP en una cuestión tan importante”.

El máximo responsable de IU destacó también que “en este asunto se ocultan cuestiones muy relevantes” y señaló que el sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha) considera que “el año pasado las directrices fueron las de investigar a más contribuyentes que en otros ejercicios, pero el resultado ha sido descubrir una deuda defraudada menor”. “Esto se debe, principalmente, a que se actúa sobre declarantes individuales y empresas más modestos, dejando a un lado a los posibles grandes defraudadores”, añadió.

Así, Garzón considera “muy significativo” que la persecución del fraude fiscal en España “se tenga que hacer soportando indicaciones y estrategias previas decididas por el Gobierno del PP que en nada ayudan a ello”.

Para ilustrarlo, puso como ejemplo que a la hora de intentar detectar aquellos fraudes superiores a los 120.000 euros, el límite para que haya delito fiscal, “hay que hacer frente primero y soportar que los máximos responsables de Hacienda decidieron previamente adscribir al 80% de la plantilla a controlar sólo a particulares, autónomos, microempresas y pymes, mientras que sólo el 20% se dedica a investigar a multinacionales o a las grandes fortunas”.