La carta de este sindicato, uno de los dos que se ha querellado contra el cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, y contra la concejala presidenta de los distritos de Usera y Arganzuela, Rommy Arce, por presuntos delitos de odio al alentar supuestamente la furia contra los agentes al culparles de la muerte de Mbayé, se registró ayer en la Oficina para el Empleo.

En ella, se denuncia que la imagen del Cuerpo se vio el viernes "nuevamente mancillada", que "se hizo un uso político torticero e interesado que cuestionaba la profesionalidad" de los agentes y que éstos carecen de "ningún tipo de garantía a la seguridad jurídica" y "deben responder de manera personal, disciplinaria, penal y pública de sus intervenciones".

Por ello, este sindicato pide a los destinatarios de la misiva que traslade a todos los agentes cuáles son "las pautas de intervención" ante la venta ambulante, y en especial el llamado 'top manta', "que regulen de manera taxativa qué se debe hacer, cuáles son los objetivos y cuáles las prioridades". Y, añade, "si lo que se pretende es la inhibición por parte de los policías, dicten esa orden".

La carta termina con un reproche claro a "quienes deben tutelar y defender nuestra actuación", que, a juicio de la Unión de Policía Municipal, "no sólo se inhiben, o se ponen de lado, sino que se posicionan junto a quienes nos denigran y cuestionan nuestra profesionalidad".