Abascal acompañó esta mañana a los abogados de la acusación popular el día en que el magistrado Pablo Llarena entregará el auto de procesamiento a los exmiembros del Gobierno catalán Raül Romeva, Josep Rull y Dolors Bassa, la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell y el exportavoz de Junts pel Sí en la cámara Jordi Turull, dado que la secretaria general de ERC Marta Rovira no ha comparecido.

A las puertas del Supremo, presumió de que las querellas de Vox ante el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona comenzaron a destapar el “gran complot contra la democracia española ” que supuso el 1-O, pero advirtió de que la “inoperancia y debilidad” del Gobierno de España que a su juicio lo facilitaron siguen “sirviendo para enquistar este gran atentado contra la soberanía nacional”.

A esta supuesta debilidad añadió lo que interpreta como “gravísimas presiones contra la Fiscalía, los jueces, el Tribunal Supremo”, provenientes de tribunas mediáticas” y de figuras como González, que ayer desaconsejó encarcelar a los líderes independentistas. “Vox no va a ceder a ningún tipo de presion y va a solicitar la aplicación más estricta de la ley, es decir, la prisión incondicional de todos los comparecientes”, para “garantizar que no hay impunidad”, a diferencia de lo que su juicio pretenden “quienes están presionando a los tribunales para que no condenen a los golpistas”.