En un comunicado, los técnicos cuestionaron “tanto la detención como el lugar y las formas empleadas por el Ministerio del Interior, con el innecesario traslado a los calabozos en vez de haberle notificado la necesidad de que compareciera ante el juez de la Audiencia Nacional, ya que ha colaborado activamente con la Fiscalía y ha sido protegido por las Fuerzas de Seguridad del Estado ante el alto riesgo contra su vida”.

Además, Gestha recuerda que “la extradición solicitada por las autoridades helvéticas alegando la vulneración del secreto bancario suizo ya fue rechazada por la Audiencia Nacional hace casi cinco años".

En este sentido, lamenta que España “se encuentre entre los siete países de la UE que menos protegen a los confidentes de presuntos evasores y delincuentes fiscales”, según un informe de la ONG Blueprint for Free Speech y el proyecto ‘A Change of Direction’, e insta a “blindar la protección jurídica, profesional, económica, social y personal de los confidentes para lograr una sociedad más justa e igualitaria”.

CRÍTICAS A LA AEAT

Por otra parte, los técnicos reprocharon a la Agencia Tributaria (AEAT) el retraso en investigar los patrimonios ocultos en paraísos fiscales de casos como los 'papeles de Panamá', al considerar que “iniciar las inspecciones meses después de que estos escándalos vean la luz facilita que se presenten declaraciones complementarias con las que los evasores esquivan las sanciones y responsabilidades penales por las infracciones tributarias o los delitos fiscales que se hubieran podido cometer”.

Asimismo, Gestha denuncia que la causa de que estas inspecciones tarden meses en ser notificadas a los afectados sea que las inspecciones preliminares se asignan a un número “muy reducido y escogido de funcionarios”, por lo que pide que se autorice a los técnicos de Hacienda a notificar ‘ipso facto’ el inicio de las investigaciones cuando trascienden indicios relevantes de fraudes millonarios.

Gestha también instó a cambiar el foco de la lupa de inspección, al señalar que “actualmente el 80% de los recursos de la Agencia Tributaria se dedica a investigar a autónomos, microempresas, pymes y trabajadores, lo que deja muy poco margen de actuación en la lucha contra el fraude sofisticado de grandes fortunas, empresas y multinacionales”.

En este sentido, los técnicos recuerdan que las empresas del Ibex 35 disponen de 1.285 filiales domiciliadas en paraísos y centros financieros offshore y que entre el 30% y el 40% del dinero de los mayores patrimonios españoles está camuflado, alcanzando 140.000 millones de euros en paraísos fiscales.