La cuestión prejudicial es un medio de defensa técnico al que se recurre con poca frecuencia y a través del cual se intenta detener el proceso penal sobre el que se plantea el conflicto de competencia, que no podría resolver el juez.

El Tribunal Regional Superior (OLG) de Schleswig-Holstein dictó este jueves libertad bajo fianza de 75.000 euros para el expresidente catalán Carles Puigdemont y estableció que la extradición sólo es posible para encausarle por el delito de malversación, y no por el de rebelión. El juez tomó esta decisión con la posición en contra de la Fiscalía, que había pedido mantener la prisión provisional de Carles Puigdemont por riesgo de fuga.

Los encausados en España por el Tribunal Supremo podrán ser juzgados por rebelión, pero no ocurrirá lo mismo con los políticos huidos, que sólo podrían ser procesados por los delitos por los que la justicia del país donde se encuentren autorice su entrega. En caso de no concederse la extradición, no podrían ser juzgados.

En las últimas horas el juez Llarena habría barajado varias posibilidades para reaccionar ante la decisión de la justicia alemana. La opción de retirar por segunda vez la euroorden resultaba conflictiva, puesto que podría en entredicho la confianza en los tribunales europeo, por lo que finalmente el magistrado podría optar por una revisión técnica de las competencias por el Tribunal de Justicia de la UE.