Así se expresaron los portavoces durante el debate en el Pleno de la Cámara Baja de una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista que pide al Gobierno que, entre otras cuestiones, revierta “los recortes producidos por el Real Decreto Ley 20/2012 y por las leyes de PGE, habilitando de forma inmediata los créditos necesarios para incrementar en un 13% la financiación del Nivel Mínimo Garantizado del Sistema”, para así “alcanzar los niveles que existían en 2011”.

Asimismo, reclama que se aborde “la inclusión en la Seguridad Social de las y los cuidadores familiares y no profesionales, con cargo a la Administración General del Estado” y se impulse “un pacto entre la Administración General el Estado y las comunidades autónomas” para acabar en dos años con el denominado ‘limbo de la dependencia', aquellas personas que tienen reconocido el derecho a recibir prestaciones y servicios pero se encuentran en lista de espera.

La iniciativa reclama al Gobierno que inicie las negociaciones necesarias en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para “establecer un nuevo modelo de financiación estable del Sistema" en el marco de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca), en función del coste real de los servicios y de las prestaciones concedidas.

Por último, establece que “cualquier medida que suponga una modificación de la ley, se llevará a llevará a cabo mediante su tramitación y debate en el Parlamento, con un nivel de consenso similar, al menos, al que se logró en su aprobación y sin utilizar, en ningún caso, el atajo de la modificación a través de decreto”.

Esta proposición recoge los puntos del Pacto de Estado que promueve la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, firmado por todos los grupos parlamentarios del Congreso, a excepción del PP y PNV, este último por considerar que la ley invade las competencias exclusivas de las comunidades autónomas en materia de servicios sociales.

“FALTA DE SENSIBILIDAD DEL GOBIERNO”

Durante el debate celebrado en el Pleno, la diputada socialista Elvira Ramón hizo hincapié en que el “abandono” del Gobierno al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia supone “una de las manifestaciones más evidentes de falta de sensibilidad social de ausencia de compromiso con la ciudadanía y desmantelamiento del Estado del bienestar”.

En este sentido, denunció que “más de 300.000 personas están todavía en el ‘limbo de la dependencia’ y mueren más de 100 personas de media al día” sin recibir los recursos y servicios que tienen reconocidos, aunque lamentó que “el Gobierno no se entera o no quiere enterarse de este clamor”.

Asimismo, criticó que el Gobierno incumple la financiación de este sistema, puesto que explicó que “más del 80%” lo asumen las comunidades autónomas, cuando la ley estipula que debe estar cofinanciado a partes iguales (50%-50%) por el Gobierno y las comunidades autónomas.

“UNA MÁS”

El resto de portavoces, a excepción del PP, mostraron su apoyo expreso a la proposición defendida por la diputada socialista, aunque el parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya Joan Olòriz criticó que, a pesar de que “probablemente saldrá adelante, tiene la “certeza” de que “el Gobierno no la va a aplicar”, ya que no es de obligado cumplimiento, sino una petición al Ejecutivo.

La diputada del Grupo Confederal de Unidos-Podemos-En Comú Podem-En Marea Ana Marcello afeó a Ciudadanos que la partida destinada a la Dependencia, tanto en 2017 como en el proyecto de 2018, es “insuficiente”, mientras que por la formación naranja, el diputado Diego Clemente espetó al PSOE que “si quieren ser útiles no basta una PNL”, sino que “negocien una abstención en los Presupuestos” para permitir la subida de 46 millones prevista en el proyecto de PGE.

Por último, la diputada del Grupo Parlamentario Popular Carmen Navarro señaló que el “grave perjuicio” es el que realizará el PSOE con su negativa anunciada “a los presupuestos más sociales de la historia” e incidió en que “el primer recorte” lo realizó el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.